La Coalición Cívica reclamó que Milei investigue a Suizo Argentina

La Coalición Cívica solicitó al presidente Javier Milei que se realice un control exhaustivo sobre las compras preadjudicadas a la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, que suman $8.823 millones, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En paralelo, la Justicia allanó la sede de Osprera y avanza sobre los empresarios vinculados al caso.

Los candidatos a diputado y senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, pidieron al mandatario que se revise catorce procesos de compra iniciados entre 2024 y 2025, tres de ellos por contratación directa y once mediante licitación pública, todos aún en etapa de preadjudicación. En varios de los expedientes, Suizo Argentina era la única oferente.

El pedido se fundamenta en los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, que mencionan pagos de entre el 3% y 8% del monto de los contratos a funcionarios de la Secretaría General de Presidencia, entre ellos Karina Milei y su asesor Eduardo “Lule” Menem. La investigación judicial derivó en allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos, y tomó declaraciones a Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, quien ratificó el contenido de los audios.

Reyes y Campagnoli señalaron que las sospechas de corrupción son graves y afectan la integridad de los procesos licitatorios, por lo que pidieron a Milei que se realice un control preventivo antes de cualquier adjudicación. Además, recordaron que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional establece que el pago de sobornos constituye causal para rechazar o rescindir contratos, y que las personas procesadas por delitos contra la Administración Pública no pueden contratar con el Estado.

Si la investigación deriva en el procesamiento de directivos de Suizo Argentina, como Jonathan y Emmanuel Kovalivker, la empresa quedaría automáticamente impedida de resultar adjudicataria, sin necesidad de esperar una sentencia firme.

Más allá de los aspectos legales, los candidatos subrayaron la dimensión moral del pedido, considerándolo un acto necesario para la recuperación institucional y la transparencia en las contrataciones públicas, por encima de intereses individuales o estrategias políticas.