
El anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre una posible negociación de un swap por 20.000 millones de dólares con la Argentina encendió alarmas en la política local. A pocas horas, un grupo de parlamentarios del Mercosur envió una carta a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para advertir que cualquier endeudamiento externo requiere la aprobación previa del Congreso.
El texto, dirigido a la encargada de negocios Heidi Conex Rápalo, advierte que todo préstamo, línea de crédito o mecanismo financiero que no cuente con ese paso institucional “carecerá de validez y legitimidad ante el pueblo y las instituciones argentinas”. La nota se conoció en paralelo a las conversaciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene con funcionarios estadounidenses en busca de financiamiento.
Los legisladores recordaron que la Ley de Administración Financiera exige que el tipo de deuda, el monto, el plazo y el destino del crédito estén definidos por ley, lo que -señalaron- “no es un mero formalismo, sino una obligación constitucional que preserva la soberanía democrática”.
La advertencia se potencia con las declaraciones de funcionarios estadounidenses que habrían condicionado la asistencia a los resultados electorales, un gesto que los parlamentarios calificaron como “inaceptable” por violar el principio de no injerencia.
El mensaje final fue directo: si el dinero ingresa sin autorización del Congreso, no será deuda del país, sino un problema personal del presidente Javier Milei, con un recuerdo inevitable del endeudamiento con el FMI.