La decepción tras la costosa renovación de la Corte mexicana

La llegada de una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había despertado expectativas de cambio y modernización en México. Tras un proceso electoral que costó alrededor de 7.000 millones de pesos, la ciudadanía esperaba que los ministros recién electos aportaran frescura, transparencia y cercanía con la sociedad. Sin embargo, los primeros pasos del renovado tribunal muestran que los viejos hábitos siguen dominando su funcionamiento.

El lenguaje técnico, los discursos excesivamente formales y la desconexión con las demandas sociales continúan marcando la dinámica del máximo órgano judicial. Lejos de acercar la justicia al pueblo, los ministros repiten fórmulas burocráticas que generan un muro entre sus decisiones y la comprensión ciudadana. Esta falta de apertura amenaza con erosionar la confianza en una institución clave para el equilibrio democrático.

Persistencia del formalismo

Los magistrados mantienen un estilo de comunicación distante, cargado de tecnicismos, que dificulta la comprensión de fallos cruciales para la vida pública. Esta actitud reproduce una cultura jurídica excluyente, donde solo especialistas logran descifrar lo que en realidad se decide. El resultado es una brecha creciente entre la Corte y la ciudadanía que la financia y necesita.

Lejos de adoptar un tono pedagógico, los jueces parecen priorizar la autoprotección institucional antes que la rendición de cuentas. En consecuencia, la SCJN pierde la oportunidad de consolidarse como un espacio de pedagogía cívica y de legitimidad pública, repitiendo patrones que han marcado décadas de desconfianza en el poder judicial.

Sesgo económico y neoliberal

Otra de las críticas recurrentes apunta al enfoque económico que se percibe en varios fallos recientes. A pesar de los cambios en su integración, la Corte mantiene una línea favorable a intereses privados, especialmente en materia fiscal y económica. Esta orientación limita la capacidad del Estado para recaudar de forma justa y atender demandas sociales urgentes.

El problema no es nuevo, pero la expectativa era que los nuevos ministros dieran un giro hacia una interpretación más equilibrada entre lo público y lo privado. La continuidad de estas posturas neoliberales refuerza la percepción de que los intereses empresariales pesan más que la justicia social, debilitando el papel de la Corte como garante del bien común.

Un costo político elevado

La renovación de la SCJN no solo fue costosa en términos financieros, también implicó un desgaste político significativo. Las campañas y procesos de elección estuvieron rodeados de debates sobre legitimidad, independencia y transparencia. La falta de resultados visibles en el corto plazo aumenta la frustración ciudadana y alimenta la narrativa de que el cambio solo fue superficial.

En este contexto, el riesgo es que la Corte pierda aún más respaldo social. La credibilidad de los jueces depende no solo de su formación técnica, sino también de su sensibilidad frente a los problemas reales de la población. Mientras no se cierre esa brecha, los discursos de renovación quedarán reducidos a promesas incumplidas.

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. 

Tras las sombras 

El caso de la nueva Suprema Corte mexicana muestra cómo las estructuras institucionales pesan más que las promesas de cambio. La persistencia de un lenguaje inaccesible y un sesgo económico orientado hacia el sector privado revelan que la transformación del Poder Judicial aún está lejos de concretarse. La inversión millonaria en la renovación de la Corte pierde sentido si no se traduce en prácticas más transparentes y cercanas a la gente.

A futuro, la legitimidad de la SCJN dependerá de su capacidad para romper con los viejos vicios y asumir un rol pedagógico y social que acerque la justicia a la ciudadanía. De lo contrario, se corre el riesgo de consolidar una institución que, pese a su renovación formal, sigue atrapada en la lógica de siempre.