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27/09/2025 - Edición Nº963
Internacionales
Reforma judicial
Reforma de Sheinbaum: ¿modernización o restricción de derechos?
26/09/2025 | La iniciativa moderniza el sistema judicial, pero limita la defensa de derechos colectivos y genera dudas sobre su uso futuro.
Claudia Sheinbaum.
La reciente propuesta de Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo ha abierto un intenso debate en el ámbito jurídico y político de México. La medida se presenta como un intento de modernizar un recurso clave para la defensa de los ciudadanos frente a abusos de poder, pero al mismo tiempo introduce limitaciones que despiertan preocupaciones sobre su alcance real en el futuro.
El amparo, considerado históricamente como una de las mayores garantías constitucionales en México, ha sido instrumento de protección frente a arbitrariedades. Sin embargo, la reforma plantea cambios sustanciales que buscan reducir abusos y agilizar los procesos, aunque con la consecuencia de estrechar las posibilidades de acción ciudadana.
Avances técnicos en el sistema
Uno de los ejes más valorados de la reforma es la digitalización del amparo, lo que permitirá una tramitación más ágil y menos costosa. Asimismo, se reducen los plazos procesales, con el objetivo de que los jueces resuelvan en tiempos más cortos, favoreciendo a quienes enfrentan procesos urgentes.
Estos ajustes son percibidos como una modernización necesaria que acerca la justicia a la realidad tecnológica del país. De concretarse, podrían evitar la dilación en casos de gran relevancia, fortaleciendo la confianza en el Poder Judicial y mostrando un compromiso con la eficiencia administrativa.
Medidas contra abusos
Otro punto central de la propuesta es la incorporación de medidas consecuenciales que buscan limitar los amparos fiscales y las suspensiones que afectan al erario. En la práctica, esto impediría que empresas o individuos utilicen el recurso de forma estratégica para bloquear cobros de impuestos u obligaciones financieras con el Estado.
Con ello, el Gobierno pretende reducir prácticas que se consideran un abuso del derecho, resguardando los ingresos públicos. No obstante, críticos señalan que este ajuste podría interpretarse también como un endurecimiento en favor de las finanzas estatales por encima de los derechos de contribuyentes.
Restricciones y riesgos
El aspecto más polémico de la reforma radica en las restricciones sobre quién puede interponer un amparo. La nueva norma exige acreditar una lesión “real, actual y diferenciada”, lo que limita la posibilidad de que organizaciones civiles u otros actores interpongan recursos en defensa de causas colectivas o derechos difusos.
Este cambio podría debilitar la protección frente a daños inminentes o de carácter general, como los relacionados con el medio ambiente, el acceso a la información o la protección de minorías. En la práctica, los jueces tendrían un margen más reducido para admitir demandas de interés público.
Debate democrático insuficiente
Otro cuestionamiento se centra en la falta de discusión pública que ha acompañado la iniciativa. Expertos advierten que una reforma de este calibre, que toca una de las garantías fundamentales del sistema jurídico mexicano, requiere un debate amplio con participación ciudadana y de especialistas en derechos humanos.
La ausencia de un consenso más robusto abre la puerta a interpretaciones políticas que podrían dañar la legitimidad del cambio. Además, preocupa que el debate se haya centrado más en sus posibles beneficios administrativos que en las implicaciones para las libertades individuales.
El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México fija su posicionamiento sobre la Iniciativa de Reforma a la Ley de Amparo, en defensa del Estado de Derecho.#LeyDeAmparo #Reforma pic.twitter.com/d5N48WAprU
— Colegio de Abogados (@INCAM_Abogados) September 19, 2025
Curiosas intenciones
La reforma al amparo impulsada por Claudia Sheinbaum encierra una dualidad evidente: modernización técnica frente a limitación de derechos colectivos. Si bien los ajustes procesales representan un avance en eficiencia, las restricciones a la acción ciudadana siembran dudas sobre el futuro del sistema de garantías.
El verdadero riesgo, como advierten especialistas, no está en el presente de esta administración, sino en cómo podría utilizar un gobierno posterior un amparo debilitado. Lo que hoy parece una medida de control administrativo podría transformarse mañana en un obstáculo para la defensa de derechos fundamentales.
