
En plena antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una denuncia pone en jaque al gobierno provincial: se acusa al ministro de Gobierno, Trabajo y Educación, Manuel Troncoso, de operar un esquema en el que cooperativas y mutuales reciben subsidios millonarios a condición de que devuelvan buena parte del monto solicitado como “retorno”. La operación, según los denunciantes, opera con autorización del gobernador Rogelio Frigerio.
El caso más visible es el decreto del 5 de agosto de 2025, por el cual se otorgó un subsidio de $39.960.841 a la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda., domiciliada en Paraná, presuntamente con destino a la compra de herramientas de trabajo. Quienes denunciar la maniobra sostienen que el monto real recibido fue mucho menor tras el descuento del retorno pactado.
El testimonio de un presidente de mutual describe el mecanismo: “Te llevan al ministerio, te explican el subsidio como ayuda genuina. Pero una semana antes de cobrar, me citaron en la oficina del contador del ministro y me dijeron que era para la campaña. De 40 millones, tenía que devolver primero 20, y después otros 10 más para pagar honorarios de la abogada del ministro. Al final, solo 10 quedaban para la mutual”.
La acusación sostiene que este esquema se multiplicó en varias entidades del interior entrerriano, operado directamente por la cartera de Troncoso, con participación de ex funcionarios urribarristas como Mariano Camoirano, señalado en causas previas de corrupción y recordado como jefe de campaña del ex intendente de Paraná, Adán Bahl.
La revelación de estos subsidios condicionados llega en medio de la campaña y golpea de lleno en la narrativa de transparencia que intenta sostener la gestión provincial. La combinación de decretos oficiales, antecedentes judiciales de los beneficiarios y testimonios de quienes fueron presionados para entregar retornos configura un escenario explosivo que mezcla financiamiento político, favores cruzados y viejos vínculos del poder entrerriano.
La incógnita ahora es si la Justicia y los organismos de control avanzarán en una investigación formal o si, como tantas veces en la política entrerriana, el caso quedará archivado en medio del clima electoral.