Reino Unido endurece batalla judicial contra grupo propalestino

El Reino Unido avanza en un frente judicial clave para reforzar la reciente prohibición de Palestine Action, un grupo pro-palestino declarado como organización terrorista. El gobierno busca impedir que la apelación presentada por una de sus cofundadoras se tramite en la Alta Corte, para que sean tribunales especializados en terrorismo los que resuelvan este tipo de impugnaciones.

Un movimiento bajo la lupa

Palestine Action nació en 2020 y rápidamente ganó notoriedad por sus acciones directas contra empresas vinculadas con la industria armamentista y con Israel. Sus militantes desplegaron protestas disruptivas que incluyeron bloqueos de accesos, pintadas en fachadas y daños a edificios y vehículos. La tensión escaló este año cuando varios activistas ingresaron en la base aérea de Brize Norton y dañaron dos aviones militares, hecho que derivó en la detención y procesamiento de cuatro personas.

El gobierno británico consideró que las actividades del grupo excedían la protesta política y lo incluyó en la lista de organizaciones terroristas en julio. Desde entonces, participar de sus actos o mostrar apoyo público se convirtió en delito, con penas que pueden llegar hasta los 14 años de prisión. Más de un millar de manifestantes han sido arrestados en distintas movilizaciones desde la proscripción.

Un joven sostiene un cartel en apoyo a Palestine Action durante una manifestación en Londres contra la prohibición del grupo.

La batalla en los tribunales

La apelación que hoy sacude al sistema judicial fue presentada por Huda Ammori, cofundadora del movimiento, quien sostiene que la prohibición vulnera la libertad de expresión. Su recurso fue aceptado por la Alta Corte, pero el gobierno intenta frenar ese camino y derivarlo a tribunales de apelación en materia antiterrorista, que operan con procedimientos distintos y menos accesibles al escrutinio público.

Este cambio de escenario no es menor: mientras la Alta Corte suele actuar como garante de los derechos civiles y políticos, los tribunales especializados responden a un marco más acotado en el que la seguridad nacional pesa por encima de otros principios.

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, participa de la protesta en Londres mientras avanza la disputa judicial por la proscripción del grupo.

Un debate histórico y legal

Las leyes británicas permiten al Ejecutivo prohibir organizaciones si considera que representan una amenaza significativa a la seguridad. A lo largo de las últimas décadas, esta herramienta se aplicó sobre todo a grupos armados vinculados con conflictos internacionales o a facciones violentas dentro del país. El caso de Palestine Action abre un nuevo capítulo, ya que traslada la figura de terrorismo a un movimiento que, si bien recurrió a la desobediencia civil y a acciones directas, también se presenta como un colectivo político con fines de protesta.

El debate reaviva una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el Estado puede calificar como terrorismo las acciones de un grupo de militancia política sin que eso implique restringir libertades fundamentales como la protesta o la expresión?

Consecuencias posibles

El fallo que emita la Corte de Apelaciones podría marcar un precedente decisivo. Si se confirma el criterio del gobierno, la vara legal para revisar decisiones de proscripción quedaría más alta y otros movimientos políticos podrían enfrentar restricciones similares. Para los activistas, se trata de una amenaza directa a la protesta legítima; para el Ejecutivo, una garantía de seguridad nacional. En medio, queda planteada una tensión histórica entre la defensa del orden público y la preservación de los derechos civiles en una democracia.