
Nicolas Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, fue condenado a cinco años de cárcel, de los cuales dos quedaron en suspenso y tres son de cumplimiento efectivo. La sentencia llega tras un largo proceso judicial en el que se lo acusó de haber buscado, junto a su entorno político, apoyo financiero del régimen de Muamar Gadafi para costear su campaña presidencial de 2007.
El tribunal consideró probado que existió una trama destinada a obtener millones de euros en efectivo provenientes de Libia, aunque no se demostró que el dinero haya ingresado directamente a las cuentas de campaña. La condena es ejecutable de inmediato: Sarkozy deberá presentarse en prisión a mediados de octubre, salvo que prospere una apelación.
La decisión sacude a la política francesa, ya que es la primera vez en la posguerra que un expresidente recibe una condena de prisión firme relacionada con hechos de corrupción política. Las reacciones fueron inmediatas: mientras la derecha denunció persecución judicial y defendió su inocencia, sectores de la izquierda celebraron el fallo como una prueba de independencia del poder judicial.
No es la primera vez que Sarkozy enfrenta la Justicia. En 2021 fue condenado por tráfico de influencias y corrupción, y en 2023 recibió otra sentencia por financiación ilegal de campaña. Como consecuencia de estas causas, en 2025 fue despojado de la Legión de Honor, la más alta distinción del país.
El caso del financiamiento libio se remonta a las sospechas planteadas hace más de una década, cuando documentos y testimonios comenzaron a vincular a París con Trípoli. Las investigaciones revelaron contactos entre allegados de Sarkozy y funcionarios libios, en un contexto en que Gadafi buscaba mejorar su imagen internacional.
La condena de hoy marca un punto de inflexión en la historia reciente de Francia. No solo cuestiona la transparencia en la política, sino que también envía un mensaje claro: ningún líder, por más poder que haya tenido, está por encima de la ley.