
La junta interna rechazó la versión del Gobierno que afirma que 12 millones de personas salieron de la pobreza y advirtió sobre precarización laboral y fuga de técnicos.
La publicación del último indicador de pobreza reavivó la tensión entre el Gobierno y los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
A través de un comunicado, la junta interna del organismo cuestionó la interpretación oficial que sostiene que más de 12 millones de personas dejaron de ser pobres, al considerar que se trata de un planteo “que no resiste el mínimo análisis”.
Los delegados denunciaron una “interpretación errónea y maliciosa” de los datos, que –según señalaron– desacredita la labor técnica de más de mil empleados y busca apuntalar el plan económico con fines electorales.
“Para que esa cifra fuera cierta, la caída debería ser superior al 33%, y eso no sucedió”, remarcaron. Además, explicaron que la comparación oficial omite el salto de 12 puntos en la pobreza tras la devaluación de diciembre de 2023 y desconoce los límites de la Encuesta Permanente de Hogares, que solo cubre a unos 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos.
El comunicado también alertó sobre la precarización laboral dentro del organismo, la pérdida de salario real y la fuga de técnicos calificados debido a los bajos sueldos. “El Gobierno quiere utilizar el INDEC con fines electorales, degradando su calidad a través de un ajuste permanente”, advirtieron.
La junta interna reiteró su pedido de un INDEC independiente de los gobiernos de turno, reclamó un aumento salarial urgente, la apertura de paritarias, un bono de $180.000, la reincorporación de despedidos y el fin de los contratos precarios en el sector público.
Según los trabajadores, la leve mejora en los índices de pobreza “no se sostiene en un crecimiento económico general ni en una mejora del mercado laboral”.
FS