
La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) formalizó la investigación preliminar contra Iván Carlos M., tras acreditar que actuaba como intermediario de criminales de alto perfil alojados en establecimientos penitenciarios federales.
Entre los presos con quienes mantenía contacto se encontraban Andrés Rodríguez Granthon, condenado a 21 años por narcotráfico; Mario Roberto Segovia, conocido como “Rey de la Efedrina”, con penas por tráfico de efedrina y armas; y Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. También mantenía vínculos con Uriel Luciano Cantero, César Morán de la Cruz y Cristian Avalle, todos líderes o referentes de bandas narco de distintas jurisdicciones.
Los fiscales del MPF, Diego Iglesias, Matías Scilabra y Matías Mené, explicaron ante el juez de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, que Iván Carlos M. utilizaba su condición de abogado para garantizar la comunicación de los internos con el exterior y facilitar que las organizaciones continuaran operando desde la cárcel. Las maniobras incluían la retransmisión de mensajes, la triangulación de llamadas y la gestión de bienes de origen ilícito, entre ellos propiedades y vehículos, así como la intermediación en la venta de drogas y armas.
La investigación reveló que el abogado coordinaba operaciones directamente con los presos, incluyendo transacciones de estupefacientes y planificación de negocios ilícitos. Además, en su domicilio se secuestraron armas de guerra, municiones de alto poder, cocaína y una balanza de precisión, elementos que reforzaron la acusación de participación activa en la cadena de narcotráfico.
Los fiscales destacaron que la actividad de Iván Carlos M. no tenía relación con su ejercicio profesional, sino que su matrícula funcionaba como pantalla para evadir las restricciones penitenciarias y mantener los vínculos entre los criminales y sus operadores externos. La evidencia incluyó intervenciones telefónicas, registros de visitas y correspondencia incautada, que mostraron la sistematicidad de su rol como enlace entre los presos y el mundo exterior.
Tras la audiencia de formalización de la investigación preparatoria, celebrada el 19 de septiembre, el juez ordenó la prisión preventiva del abogado por seis meses, medida que responde al riesgo de que continúe entorpeciendo la investigación y garantice la operatividad de las organizaciones criminales desde la cárcel.