República Dominicana deporta a miles: el impacto internacional

La República Dominicana informó que durante el mes de agosto de 2025 fueron deportados 35.276 haitianos, en el marco de un operativo de control migratorio sin precedentes. La cifra confirma la dureza de las medidas aplicadas por la Dirección General de Migración (DGM), que ha colocado a la cuestión fronteriza en el centro del debate político y social del país caribeño.

Según los registros oficiales, el número total de personas expulsadas en lo que va del año asciende a más de 250.000 ciudadanos haitianos en situación irregular. A este dato se suma que otros 115.000 haitianos abandonaron el país de manera voluntaria, evidenciando la magnitud de un fenómeno que marca la dinámica bilateral entre ambas naciones.

Un incremento sostenido

En los últimos meses, los reportes oficiales han señalado un crecimiento constante en la cantidad de deportaciones. En junio, se registró un aumento del 5,1% en comparación con abril, mientras que frente a marzo el incremento alcanzó un 19,9%. Estos datos reflejan un patrón de endurecimiento progresivo de la política migratoria, en línea con la estrategia oficial de fortalecer los controles en la frontera terrestre compartida con Haití.

El gobierno sostiene que la aplicación rigurosa de estas medidas busca garantizar el orden migratorio y la seguridad nacional. La narrativa oficial se apoya en la idea de que la soberanía dominicana depende de mantener una frontera estrictamente vigilada, en un contexto en el que la crisis humanitaria y política en Haití continúa agravándose.

Críticas de derechos humanos

Las expulsiones masivas han despertado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos, que señalan una posible violación de los convenios internacionales en materia de asilo y protección. Según estos organismos, las medidas implementadas generan una situación de "estigmatización" y persecución sistemática contra personas ya vulnerables.

Diversas voces han alertado también sobre los riesgos humanitarios que implica devolver a miles de personas a un país con instituciones debilitadas y sin condiciones básicas de seguridad. La preocupación crece en torno al impacto que estas expulsiones pueden tener sobre la estabilidad regional, especialmente por el flujo constante de migrantes que intentan regresar al territorio dominicano.

Apoyos y paralelos internacionales

El presidente dominicano ha defendido su política migratoria como una acción legítima en defensa del país, comparándola con medidas similares adoptadas en otras naciones. En particular, se destaca la cercanía de esta estrategia con la línea dura impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, centrada en la aceleración de deportaciones y la seguridad fronteriza.

Algunos sectores políticos dominicanos consideran que esta política es necesaria para preservar la estabilidad interna y evitar presiones económicas sobre los servicios públicos. Sin embargo, también admiten que la situación podría derivar en un aislamiento internacional si las críticas de los organismos multilaterales se intensifican.

Sede de Dirección General de Migración (DGM), República Dominicana. 

Situación complicada 

El caso dominicano pone en evidencia el dilema entre soberanía y derechos humanos, un punto de fricción que se repite en distintos escenarios del mundo. La política de expulsiones masivas ofrece réditos en términos de control interno, pero al mismo tiempo genera una imagen de rigidez frente a la comunidad internacional.

A mediano plazo, el desafío será encontrar un equilibrio entre el control migratorio y la asistencia humanitaria, evitando que la frontera con Haití se transforme en un foco permanente de tensión regional. Dada la firmeza con que el gobierno la defiende y la falta de soluciones en el país vecino.