Los gremios alertan sobre un recrudecimiento de la intervención del Gobierno nacional en obras sociales y denuncian maniobras de desfinanciamiento. Actualmente, ocho obras sociales permanecen intervenidas, muchas judicializadas, siendo OSPRERA el caso de mayor relevancia.
Según dirigentes de la CGT, el Gobierno busca frenar a los sindicatos mediante demoras en la aprobación de autoridades y bloqueos de cuentas, afectando la operatividad de las entidades. Hugo Moyano (h) advirtió que estas acciones buscan "destruir la negociación colectiva y el derecho de huelga".
Entre las obras sociales afectadas figuran las de Fotógrafos, Vareadores, Personal Mosaista, Ladrillero, del Fósforo, Chacinado y la Ladrillera a Máquina. Los bloqueos de cuentas y retrasos en la homologación de autoridades se replican en sindicatos como Vialidad Nacional y el Ingenio Ledesma.
Los gremios denuncian que estas medidas generan precarización laboral, intimaciones a dirigentes y dificultades para mantener los servicios esenciales de las obras sociales. Además, alertan sobre posibles maniobras de control por parte de diputados libertarios, como Manuel Quintar, en complicidad con empresas privadas, como en el caso del Ingenio Ledesma.
En la CGT y otros sindicatos advierten que la estrategia del Gobierno combina intervenciones, retrasos administrativos y flexibilización laboral, buscando debilitar a los sindicatos mientras se mantienen judicializadas varias causas.
El conflicto sindical se suma a un clima de tensión generalizado en el sector laboral, con más de 250 mil trabajadores sin registración formal desde el inicio de la gestión libertaria.