
La ciudad de Chascomús enfrenta un golpe industrial y social: la planta de galletitas Tía Maruca, un emblema histórico de la ciudad, cerró abruptamente dejando a 27 trabajadores sin empleo, entre ellos la jefa de planta. La decisión, comunicada de manera repentina, refleja la falta de previsión de la empresa ante sus obligaciones laborales.
El jueves 25 de septiembre, el jefe de Recursos Humanos reunió al personal para informar sobre el cierre. La fórmula elegida —“desafectación del trabajo”— evidencia un intento de la compañía por minimizar la responsabilidad sobre los despidos y dilatar el pago de indemnizaciones.
La intervención del Ministerio Provincial de Trabajo, inicialmente convocada por retrasos en el pago del medio aguinaldo, quedó centrada en contener el conflicto tras la decisión unilateral de la empresa. Los trabajadores ya se encontraban con la incertidumbre de perder sus salarios y sus fuentes de ingreso.
Mientras camiones retiraban materia prima e insumos, se acentuaba la sensación de vaciamiento de la fábrica, que muchos interpretan como un gesto de desprecio hacia quienes sostuvieron la producción durante años. La abrupta medida expone la debilidad de los mecanismos de control y la vulnerabilidad de los trabajadores frente a decisiones empresariales improvisadas.
El cierre deja al descubierto la falta de planificación de la empresa y los riesgos de un modelo industrial que prioriza la ganancia sobre la estabilidad laboral. La intervención del Estado llega como un paliativo tardío frente a una medida que ya generó impacto social y económico en la ciudad.
La planta de Tía Maruca no solo cerró sus puertas, sino que se llevó décadas de trabajo y compromiso de decenas de familias. La historia reciente de Chascomús muestra que la industria regional sigue expuesta a decisiones empresariales arbitrarias, mientras los trabajadores y la comunidad quedan pagando las consecuencias.