Greenpeace denuncia que JBS compra ganado criado ilegalmente en tierras indígenas

Una nueva investigación volvió a poner bajo la lupa a JBS, la mayor productora de carne del mundo. Greenpeace denunció que la compañía adquirió ganado criado ilegalmente en tierras indígenas de la Amazonía brasileña, que luego ingresó al mercado internacional mediante un mecanismo conocido como lavado de ganado. La práctica consiste en trasladar animales de una finca ubicada dentro de un territorio indígena a otra propiedad con papeles “limpios”, desde donde finalmente se venden a frigoríficos habilitados para exportar.

El caso se centra en el territorio indígena Pequizal do Naruvôtu, donde un productor habría movido más de mil cabezas de ganado hacia una finca libre de sanciones. Desde allí, los animales fueron colocados en la cadena de suministro vinculada a JBS, que defiende que no existe prueba concluyente de que esos bovinos hayan llegado a sus plantas de faena. Sin embargo, los documentos oficiales de tránsito animal revisados por la organización muestran un patrón que se repite en distintas regiones amazónicas: la triangulación para encubrir el origen del ganado.

El trasfondo del problema es más amplio. Comprar ganado criado en tierras indígenas implica violar derechos constitucionales de los pueblos originarios, usar recursos sin autorización de las comunidades y alentar la ocupación ilegal de territorios protegidos. A su vez, tiene un fuerte impacto ambiental: la ganadería en áreas de selva suele ir acompañada de deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación del suelo.

No es la primera vez que la industria enfrenta acusaciones de este tipo. Auditorías anteriores ya habían detectado porcentajes significativos de animales provenientes de predios con deforestación o irregularidades ambientales en los registros de compra de grandes frigoríficos. Estos hallazgos ponen en cuestión la efectividad de los sistemas de control en Brasil, que carecen de una identificación individual obligatoria del ganado y permiten maniobras que borran el rastro del origen real de los animales.

Planta de faena de JBS, la mayor exportadora de carne del mundo, señalada por su presunta relación con la compra de ganado criado en tierras indígenas amazónicas.

Desde el punto de vista comercial, el riesgo es considerable. Los principales mercados de exportación —entre ellos la Unión Europea y países de Asia y América— han endurecido sus exigencias sobre trazabilidad y deforestación cero. Un escándalo de este tipo no solo afecta la reputación de una empresa, sino que también puede abrir la puerta a sanciones comerciales y restricciones de importación.

JBS insiste en que sus políticas de abastecimiento son estrictas y que ya bloqueó al productor señalado en la investigación, mientras solicita explicaciones formales. Pero el debate de fondo trasciende a la compañía: se trata de si Brasil logrará reforzar los mecanismos de control y dar garantías reales de que la carne que exporta no se produce a costa de la destrucción ambiental ni de la violación de los derechos de los pueblos originarios.

¿Cómo se podría reducir el problema? Entre las medidas que suelen proponerse están la implantación de identificación individual permanente para cada animal (por ejemplo, sistemas electrónicos de identificación), mayor fiscalización de los documentos de tránsito, uso de tecnologías satelitales para detectar deforestación y ocupaciones irregulares, y la obligación de trazabilidad digital en toda la cadena hasta el punto de consumo. También se debate la necesidad de normativa que responsabilice no solo al productor sino a los compradores por no verificar el origen de lo que adquieren.

Más allá de las soluciones técnicas, el caso pone de relieve un conflicto más amplio: la protección efectiva de los derechos de los pueblos originarios frente a la presión por tierras; la capacidad del Estado para controlar actividades en zonas remotas; y la tensión entre la demanda global de carne y la conservación de ecosistemas clave. Mientras JBS sostiene que exige cumplimiento a sus proveedores, la denuncia reaviva la pregunta sobre si las reglas actuales y los controles son suficientes para impedir que la carne que llega a los mercados provenga, directa o indirectamente, de prácticas ilegales en territorios indígenas.