Retenciones cero: denuncia penal contra Milei, Caputo, Francos y agroexportadoras

Claudio Lozano (Presidente de Unidad Popular), Jonatan Baldiviezo (fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), María Eva Koutsovitis (fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y el abogado Marcos Zelaya presentaron una denuncia penal formal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Incluye a Javier Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo, y también a un conjunto de importantes empresas agroexportadoras.

La denuncia sostiene que la concepción, sanción y ejecución del reciente decreto de “retenciones cero” no fue una medida de fomento a las exportaciones, sino un “ardid meticulosamente diseñado para beneficiar de manera ilegítima y multimillonaria a un grupo concentrado de corporaciones, constituyendo presuntamente delitos como Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Abuso de Autoridad y Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública”.

Cabe recordar que el decreto estableció un cupo de USD 7.000 millones para exportaciones con un pago de derechos de exportación cero.

El cupo fue agotado en apenas dos días. “Estas operaciones registradas dejaron de contribuir al Estado por un total de USD 1.540 millones. El complejo sojero se quedó con el 80% de lo declarado ($5.600 millones) y absorbió el 92% de los beneficios fiscales”, indicaron los denunciantes.

Y aseguraron que “los ganadores fueron un grupo de apenas siete empresas que dominan el mercado concentró cerca del 90% de las exportaciones declaradas. Entre estas empresas se encuentran Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro, y Viterra. Cargill concentró el mayor porcentaje de dólares declarados (19%) y el mayor porcentaje de la pérdida de DD.EE. (21%)”.

La denuncia alega que la velocidad de la operación es "materialmente incompatible" con un proceso normal de compra de granos, lo que solo puede explicarse como un acto masivo de registración especulativa.

Por lo tanto, entienden que hubo una violación de la Ley 26.351, cuyo objetivo principal es evitar que los exportadores registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de manera especulativa, sin contar con la mercadería física en su poder, para asegurarse una alícuota tributaria favorable.

“La omisión de este control por parte de los funcionarios públicos (Secretaría de Agricultura y ARCA) fue una condición indispensable para el éxito del plan. La violación de la ley no solo se infiere de la estructura del decreto, sino también de los hechos posteriores a su ejecución”, subrayaron.

E insistieron en que “declarar la venta de un producto que no se posee y que físicamente no existe en su forma final, es una confesión del fraude y de la violación de la Ley 26.351”.

De esta manera, “las empresas capturaron la diferencia entre la alícuota cero que pagarán al Estado y las alícuotas positivas que deducen del precio pagado al productor. Se estima que esta maniobra generó un perjuicio fiscal directo de aproximadamente USD 1.750 millones que fueron transferidos a los balances de las empresas beneficiadas”.

Daños a los productores y medidas cautelares

En ese sentido, consideraron que la maniobra también causó un grave daño a los productores agropecuarios: “Aunque los precios internos subieron inicialmente, el incremento fue del 15% (de U$S 297 a U$S 342 por tonelada), mientras que el incremento teórico que deberían haber recibido los productores era del 35%”.

“Las empresas agroexportadoras capturaron la mitad del beneficio de los derechos de exportación que supuestamente iban a favorecer a los productores”, sostuvieorn.

Así, los denunciantes pidieron una serie de medidas cautelares. Por ejemplo, que el gobierno suspenda de forma inmediata la tramitación y la validez de la totalidad de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) registradas bajo el amparo del Decreto N° 682/2025.

Por otro lado, que se exija a las empresas agroexportadoras denunciadas que, en un plazo perentorio de 48 horas, presenten la documentación fehaciente que acredite la tenencia o la adquisición de la mercadería declarada en cada DJVE.

FA