Fallo parcial a favor de Argentina contra los Fondos Buitre

El litigio se originó en 2013, cuando bonistas acusaron al país de manipular los datos de crecimiento económico para evitar un pago millonario. La magistrada de Nueva York desestimó gran parte de las demandas, aunque dejó un punto abierto.

El Cupón PBI fue creado en 2005 como parte del canje de deuda tras el default de 2001. Se trata de un título atado al crecimiento económico: paga un rendimiento extra a los bonistas solo si el Producto Bruto Interno supera un umbral predeterminado. Su cotización, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, fluctuó durante años según las expectativas sobre la economía argentina.

La controversia judicial surgió en 2013. Ese año, el Gobierno decidió no pagar el cupón al sostener que el crecimiento no había alcanzado el nivel requerido. Los acreedores denunciaron que la Argentina modificó la base de cálculo del PBI —de 1993 a 2004— para simular que no se cumplía la condición. Según su reclamo, con la metodología anterior el pago se habría activado.

A raíz de esa disputa, fondos buitre y el fiduciario de los cupones iniciaron una demanda en los tribunales de Nueva York. La causa quedó en manos de la jueza federal Loretta Preska, la misma que el año pasado condenó al país a indemnizar a los fondos que litigaron por la expropiación de YPF.

El fallo

En su decisión más reciente, Preska falló parcialmente a favor de la Argentina. Rechazó tres planteos centrales de los demandantes:

• Desestimó las demandas por falta de pago, al remarcar que no cumplieron los requisitos contractuales: la acción debía ser presentada por el fiduciario en nombre de todos los bonistas, y no por algunos de ellos de manera individual.
• Descartó la acusación de mala fe, al señalar que el INDEC recalculó las cifras de PBI en cumplimiento de una orden judicial británica y confirmó que no se alcanzaron los umbrales de pago.
• Desestimó los reclamos por 2014, 2015 y 2016, porque el plazo legal para reclamarlos ya había vencido.

No obstante, la magistrada no aceptó la solicitud argentina de dar por terminada toda la disputa. Dejó abierta la cuestión de los cálculos posteriores a 2016, que deberán resolverse en juicio para determinar si se ajustaron correctamente a los términos contractuales.

De esta manera, el fallo representa un alivio parcial para la Argentina, pero mantiene vigente una parte del litigio que podría derivar en nuevos costos judiciales y financieros para el país.