
El estado de Guanajuato ha sido señalado en los últimos meses por una supuesta reducción histórica de homicidios dolosos, un logro que las autoridades presentan como un “milagro” en materia de seguridad. Sin embargo, la tragedia vivida por Jaqueline, una joven de 18 años en Irapuato, muestra que las estadísticas no reflejan la realidad de muchas familias que siguen siendo víctimas de la violencia.
La historia de Jaqueline es devastadora. Su padre fue asesinado años atrás, su hermano perdió la vida a manos de criminales y, tras denunciar este último hecho, su madre fue ejecutada semanas después. La joven quedó completamente sola, en un escenario que desnuda la incapacidad institucional para brindar protección efectiva a denunciantes y familiares de víctimas.
El discurso oficial sostiene que entre enero y julio de 2025 los homicidios dolosos en Guanajuato registraron una baja importante frente al mismo periodo del año anterior. Algunos meses fueron incluso catalogados como los menos violentos de la última década. Para el gobierno estatal, la estrategia de operativos coordinados y labores de inteligencia estaría rindiendo frutos tangibles.
No obstante, la realidad en comunidades como Irapuato o Celaya contradice ese optimismo. Aún se reportan masacres, desapariciones y feminicidios que mantienen en alerta a la sociedad. Estos hechos revelan que, más allá de la caída en números globales, persisten dinámicas de violencia selectiva que el Estado no logra erradicar.
La muerte de la madre de Jaqueline, ocurrida apenas dos semanas después de que denunciara el asesinato de su hijo, plantea interrogantes severos sobre la actuación de la fiscalía. La víctima no recibió medidas de protección adecuadas, pese a estar en una situación de alto riesgo. La omisión dejó expuesta la fragilidad de los protocolos que deberían resguardar a quienes se atreven a hablar.
El desenlace condenó a Jaqueline a la orfandad absoluta. En su caso se combinan tres crímenes violentos sin que exista hasta ahora una respuesta clara de las autoridades. La falta de avances visibles en las investigaciones mina la confianza ciudadana y subraya el enorme déficit de justicia en la región.
El fenómeno no es aislado. En Guanajuato, los femicidios continúan siendo un problema estructural, con casos que generan indignación nacional. Organizaciones de la sociedad civil insisten en que las instituciones de seguridad y justicia carecen de perspectiva de género, lo que dificulta prevenir y sancionar adecuadamente la violencia contra mujeres.
La situación refleja un patrón: las mujeres que denuncian agresiones o delitos vinculados al crimen organizado no cuentan con redes de protección confiables. La ausencia de medidas efectivas las convierte en blanco fácil y perpetúa un círculo de miedo y silencio.
La narrativa de éxito en seguridad contrasta con las cifras de impunidad, que en México superan la mayoría de los homicidios y feminicidios sin sentencia. En Guanajuato, los procesos judiciales suelen avanzar lentamente, y muchas carpetas de investigación se acumulan sin resultados. Esto genera la percepción de que la violencia puede repetirse sin consecuencias.
Aunque el exfiscal estatal dejó su cargo en medio de críticas, el cambio no ha sido suficiente para transformar las instituciones. Sin mecanismos de auditoría externa ni indicadores públicos de desempeño, los compromisos oficiales quedan en el terreno de los anuncios políticos.
🔴#Justicia | El cuerpo de Lorena Jacqueline Morales Valencia, desaparecida desde el 22 de mayo, fue encontrado en una zona despoblada de San Felipe, Guanajuato. Su jefe fue detenido como presunto responsable de este feminicidio pic.twitter.com/udAFmk0FlV
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 5, 2025
La reducción estadística de homicidios en Guanajuato es un dato relevante, pero no basta para garantizar seguridad real. El caso de Jaqueline evidencia que los logros en cifras no alcanzan cuando las instituciones fallan en proteger a quienes más lo necesitan. La seguridad debe medirse también en la capacidad de evitar tragedias individuales, no solo en promedios estatales.
De cara al futuro, Guanajuato requiere protocolos de riesgo inmediatos, protección efectiva para denunciantes y una política de justicia con enfoque de género. Solo así podrá cerrar la brecha entre los discursos oficiales y la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos que aún viven bajo la sombra de la violencia.