Yamandú Orsi reacciona al atentado contra la fiscal Ferrero

El reciente atentado contra la jefa del Ministerio Público de Uruguay, Mónica Ferrero, ha encendido las alarmas en todo el país. El ataque ocurrió en Montevideo, cuando dos personas arrojaron una granada y dispararon contra la residencia de la fiscal, mientras ella y su familia se encontraban en el interior. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el hecho dejó en claro la creciente capacidad de fuego y audacia de las redes criminales vinculadas al narcotráfico.

El gobierno reaccionó de inmediato. El presidente Yamandú Orsi calificó lo sucedido como un “antes y un después” en la historia reciente del país. El mandatario anunció un paquete de medidas urgentes, incluyendo un refuerzo en la seguridad personal de jueces y fiscales, y el envío de un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el lavado de activos. Para Orsi, el ataque no fue un hecho aislado, sino una señal de la transformación de Uruguay en un punto clave dentro de las rutas internacionales de la droga.

La hipótesis principal que manejan los investigadores es que el atentado está vinculado a la incautación de 2.200 kilos de cocaína, un cargamento valuado en más de 50 millones de dólares. Ese hallazgo golpeó directamente a organizaciones criminales que operan en la región y que tienen nexos con figuras conocidas como Luis Fernández Albín, actualmente procesado, y el prófugo Sebastián Marset, señalado como uno de los principales operadores de la cocaína sudamericana.

Los fiscales recordaron que esta no es la primera vez que el crimen organizado intenta intimidar a las instituciones. Ya en 2020, un coche bomba fue desactivado cerca de la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, y en 2024 se registraron amenazas directas contra jueces vinculados a causas de narcotráfico. Sin embargo, nunca antes se había atentado de manera tan directa contra la máxima representante de la Fiscalía.

Amenaza al Estado

Este episodio marca un punto de inflexión en el modo en que se percibe la seguridad en Uruguay. Durante años, el país fue considerado una isla de estabilidad en medio de la violencia que sacudía a sus vecinos. Hoy, los expertos advierten que la penetración del narcotráfico en el tejido social y político avanza más rápido de lo que se reconoce públicamente. La sofisticación en las operaciones, que incluye el uso de granadas y armamento de guerra, evidencia un salto cualitativo en las capacidades de los grupos criminales.

La reacción política fue unánime. Desde el oficialismo hasta la oposición, todos los partidos manifestaron su respaldo a la fiscal Ferrero y al Ministerio Público. El consenso político busca enviar un mensaje de firmeza: no habrá concesiones frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, detrás de esa unidad discursiva se oculta una preocupación latente: la posibilidad de que el país entre en un espiral de violencia similar al de otros países de la región.

Un escenario en transformación

El crecimiento del narcotráfico en Uruguay no es un fenómeno repentino. En los últimos diez años, Montevideo y el puerto de Nueva Palmira se han consolidado como centros de acopio y exportación de cocaína hacia Europa y África. La ubicación estratégica y el prestigio de la bandera uruguaya en el comercio marítimo han facilitado esta expansión, convirtiendo al país en un terreno fértil para el crimen organizado.

El atentado contra Ferrero, lejos de ser un acto aislado, refleja el avance de esas estructuras en busca de impunidad. Al atacar a la fiscal de Corte, los grupos criminales envían un mensaje directo: están dispuestos a desafiar al Estado en su núcleo más sensible. Para la población, la noticia marcó un despertar brusco frente a una realidad que parecía lejana y ahora golpea a la puerta de sus instituciones.

El @SenadoUy resolvió hoy por unanimidad emitir una declaración sobre el atentado perpetrado contra la Fiscal de Corte Mónica Ferrero.
Les dejo mis palabras en nombre del @PartidoColorado pic.twitter.com/By5utdm41i

— Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 1, 2025

Una lamentable situación 

El atentado contra la fiscal de Corte en Uruguay representa una ruptura histórica en la relación entre el narcotráfico y el Estado. Si hasta ahora la violencia parecía un fenómeno externo, circunscrito a otras realidades latinoamericanas, lo sucedido demuestra que la amenaza ya es interna y de gran alcance. La probabilidad de que nuevos ataques se produzcan en el corto plazo es alta, en torno al 70%, según especialistas consultados.

En este escenario, el futuro dependerá de la capacidad del gobierno para blindar a sus instituciones judiciales y de seguridad. Uruguay enfrenta la disyuntiva de actuar con rapidez y contundencia, o quedar atrapado en la espiral que ya han sufrido países vecinos. La respuesta que se construya ahora será decisiva para definir si el país logra sostener su tradición de estabilidad democrática o cede terreno ante el avance del crimen organizado.