Universidad en tierras expropiadas: la jugada de Campeche que incomoda al PRI

El gobierno de Campeche, encabezado por la gobernadora Layda Sansores, anunció la expropiación de cuatro predios bajo la figura de utilidad pública. Entre ellos se encuentra un terreno de aproximadamente siete hectáreas registrado a nombre de la madre de Alejandro “Alito” Moreno, actual líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las autoridades locales confirmaron que el espacio será destinado a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos de la Salud, un proyecto educativo que busca atender la demanda en formación médica.

La medida ha generado un fuerte impacto político, ya que Moreno enfrenta actualmente acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvio de recursos. Aunque cuenta con el fuero constitucional como senador, la decisión de expropiar propiedades ligadas a su círculo familiar intensifica la confrontación con el gobierno estatal. Sansores defendió la decisión como un acto de justicia y lo presentó públicamente durante su programa semanal Martes del Jaguar.

Disputa política

La relación entre Sansores y Moreno ha estado marcada por más de una década de enfrentamientos políticos. En esta ocasión, la mandataria campechana sostuvo que los predios expropiados son ejemplo de los excesos y de la corrupción acumulada por el líder priista. Incluso, la gobernadora acusó que las adquisiciones inmobiliarias de Moreno y su familia fueron realizadas a través de esquemas poco transparentes.

Por su parte, el dirigente del PRI respondió con dureza. Moreno calificó la acción como un caso de persecución política y advirtió que el gobierno actual utiliza el aparato estatal para intimidar a la oposición. En sus declaraciones, comparó la situación con regímenes autoritarios como el de Venezuela, lo que refleja la tensión creciente en el tablero nacional.

Respaldo federal

La expropiación recibió el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó que la medida responde a un proyecto educativo de beneficio social. La mandataria federal aseguró que la acción refuerza la transparencia y demuestra que los bienes ligados a corrupción no deben permanecer intocables. Sheinbaum se alineó así con Sansores, enviando un mensaje de respaldo político en medio de las críticas opositoras.

Además, integrantes de Morena en el Congreso celebraron la decisión como un paso firme contra la impunidad. Desde su perspectiva, la nueva Ley de Expropiaciones permite al Estado recuperar espacios estratégicos para destinarlos a proyectos sociales de alto impacto, como universidades y centros de salud. El caso en Campeche se convierte, así, en un precedente para futuras acciones en otros estados.

Universidad proyectada

El terreno expropiado será utilizado para levantar la Universidad Rosario Castellanos de la Salud, una institución que busca atender la demanda creciente de médicos y profesionales de la salud en la región. Según las autoridades campechanas, el campus se diseñará con laboratorios modernos, aulas especializadas y un hospital universitario de prácticas, lo que lo convertiría en un centro de referencia para el sureste mexicano.

Con este proyecto, el gobierno de Sansores busca no solo ampliar la cobertura educativa, sino también proyectar a Campeche como un polo de formación médica. De lograrse, la universidad permitiría atraer a estudiantes de distintos estados del país y consolidar la infraestructura de salud en la zona.

🔴Luego de que la gobernadora de Campeche, @LaydaSansores, anunciara la expropiación de un predio perteneciente a Yolanda Cárdenas, madre del líder nacional del PRI, @alitomorenoc, la presidenta @Claudiashein dijo que se trabaja en una reforma a la Ley de Extinción de Dominio. pic.twitter.com/g2VprGBFKQ

— Animal Político (@Pajaropolitico) October 1, 2025

Más de que hablar 

La expropiación de terrenos vinculados a la familia de “Alito” Moreno marca un punto de inflexión en la disputa política entre el PRI y Morena. Si bien la decisión se presenta bajo el argumento de utilidad pública, el contexto de rivalidad personal y partidista refuerza la percepción de que se trata también de un movimiento con alto contenido político.

El caso abre un debate más amplio sobre el uso de la expropiación como herramienta de gobierno. Mientras el oficialismo lo defiende como un mecanismo legítimo para combatir la corrupción y ampliar derechos sociales, la oposición alerta sobre el riesgo de que se convierta en un instrumento de presión política. La resolución de este pulso marcará no solo el futuro de Campeche, sino también la relación entre poder estatal y oposición en México.