Polémica entre CIAFBA y el campo por un proyecto de ley sobre el cuidado del suelo en Buenos Aires 

Un proyecto presentado en el Senado bonaerense por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) sobre el “cuidado integral de los suelos y el agua de uso agropecuario y forestal” despertó el rechazo en las entidades del campo. 

La iniciativa, que apenas muestra un estado de anteproyecto, fue dada a conocer el por los profesionales el último miércoles durante una charla en el seno de la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca del Senado bonaerense. 

Hasta la comisión que preside el legislador Alejandro Cellillo (UCR) se acercaron el ingeniero agrónomo y profesor emérito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Guillermo Alberto Studdert, la presidenta del CIAFBA,  Lorena Elorriaga. También expuso el ingeniero agrónomo Horacio Repetto, integrante de la Comisión de Conservación de Suelos del CIAFBA. 

El senador Alejandro Cellillo, presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca.

Fuentes legislativas explicaron a NewsDigitales que se trató de un encuentro informativo. “Es un anteproyecto que tendrán que presentarlo en diputados, buscar legisladores que lo presenten y después recién se abrirá el debate con todos los actores del sector productivo. Fueron al Senado a presentar una idea y la escuchamos” señalaron.

¿Qué dice el proyecto presentado del CIAFBA?

El anteproyecto cuenta con 39 artículos y una minuciosa descripción sobre la necesidad de dar un debate con el fin de abordar  “el cuidado y la protección de uno de los recursos naturales que soporta grandes alteraciones para permitir el uso productivo agropecuario y/o forestal: el suelo”. 

Definido como un “recurso natural no renovable”, remarcaron que el suelo cumple una función “crucial para la producción de alimentos, fibras, combustibles y medicamentos” e “importantísimos roles en el ecosistema” advierten.

Los representantes de CIAFBA, durante la presentacíon del proyecto ante senadores bonaerenses

Los agrónomos detallaron que su capacidad de funcionar “depende de cómo y cuánto el uso agropecuario y forestal altere o modifique sus propiedades, lo cual depende, a su vez, de cuál es el manejo que realicen quienes asumen el rol de actores de la actividad agropecuaria y/o forestal” explican. 

En ese marco, los profesionales señalaron que la utilización del suelo para la producción “altera el estado estable” y si no es realizada cuidadosamente, “puede llevar a la reducción y hasta la pérdida de la capacidad del suelo de cumplir con el objetivo de proveer alimentos, fibras, combustibles y medicamentos en particular”. 

Fundamentos y puntos más importantes del proyecto 

En su artículo primero, el anteproyecto busca declarar de interés público en la provincia de Buenos Aires “la promoción y el fomento del cuidado integral de los suelos y el agua de uso agropecuario y/o forestal” para protegerlos “de las distintas formas de degradación a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”. 

De este modo, establece como ámbito de aplicación a “todos los suelos del territorio de la provincia destinados a la producción agropecuaria y/o forestal, sean de propiedad privada o pública”.

Además se propone abordar la “prevención y el control de todo proceso de degradación de los suelos” y estipula que todas las personas físicas o jurídicas que realicen producción agropecuaria o forestal tendrán “la obligación de colaborar en el cuidado de los suelos y el agua” a través de acciones “para garantizar un uso y manejo adecuado”. 

Al tratarse de “recursos no renovables” con impacto en las generaciones futuras considera que “son cuestiones de Estado de la provincia de Buenos Aires, la preservación de los recursos naturales, incluyendo a los suelos y al agua, y la garantía y seguridad de la producción agropecuaria y forestal para favorecer el bienestar general presente y futuro de los seres vivos y la salud del ambiente”. 

Además, sostiene que los actores de la cadena productiva “deben propender a la utilización racional y prudente de los recursos naturales” y fomenta las buenas prácticas en la materia. 

El anteproyecto define como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, o el que lo sustituya, quien deberá “diagnosticar el estado de los suelos”.  También propone crear “Distritos de Cuidado del Suelo y el Agua” y de “Consorcios de Cuidado del Suelo y el Agua dentro de cada Distrito de Cuidado del Suelo y Agua”.

A su vez, establece la “Mesa Provincial de Cuidado Integral de los Suelos y el Agua de Uso Agropecuario y Forestal” para instancias de asesoramiento profesional. 

La autoridad de aplicación pondrá a disposición un “catálogo de buenas prácticas” y fomentará su impulso y programas de capacitación permanente. 

Régimen de beneficios, sanciones y un fideicomiso 

Otro de los puntos salientes es un capítulo de estímulos y sanciones. En ese marco, propone “beneficios” como el “otorgamiento del Certificado Verde de Protección y Conservación de Suelos”, deducción “de 30% en Ingresos Brutos y 50 % de sellos” a quienes realicen sus actividades bajo los parámetros establecidos para el cuidado de los suelos. También incluye acceso a créditos del BAPRO a tasa preferencial. 

En materia se sanciones, fija la pérdida de los beneficios enumerados o multas sobre la base del Impuesto Inmobiliario Rural.  A su vez, la autoridad de aplicación podrá dar lugar a “instancias judiciales” por incumplimiento de leyes. 

Y estipula sanciones para “aquellos profesionales de la Agronomía o de la Ciencia Forestal intervinientes cuando se demostrara que los Planes de Uso y Manejo que firmaren expresaran falsedades sobre hechos y/o fundamentos que son de sus incumbencias profesionales” que eventualmente incluyen hasta la suspensión “de hasta cinco años del registro de profesionales habilitados

Otro de los puntos fuertes es la creación de un “Fondo Provincial para el Cuidado y Recuperación del Suelo y el Agua” bajo el formato de un “fideicomiso público” compuesto por el 0,08 % presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires, de lo recaudado por las multas, donaciones, u otros fondos de organismos estatales, privados o internacionales. 

La dura respuesta de CARBAP y un legislador ligado al agro 

El anuncio del proyecto despertó un fuerte rechazo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

A través de un comunicado, denunciaron que la iniciativa del CIAFBA avanza “sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso” alertaron. 

📢 #CARBAPdice
Rechazamos el proyecto de Ley de Suelos elaborado por el CIAFBA, esto avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso.@PabloGinestet @kovavete @Carlosmbilbao… pic.twitter.com/513LBr37Ru

— CARBAP (@CARBAP_ARG) October 1, 2025

En ese sentido, marcaron diez puntos críticos del proyecto: 

1.  Obligatoriedad generalizada: Todos los productores (dueños o arrendatarios) deben cumplir prácticas definidas por el Estado.
2. Definición de “suelos aptos” por el Estado: Criterios oficiales pueden dejar tierras improductivas.
3. Planes de Uso y Manejo obligatorios: Cada 4 años, con firma profesional y aprobación estatal.
4. Distritos de Cuidado y Consorcios: Obliga a integrarse a estructuras colectivas.
5. Facultades amplias al Ministerio: Poder concentrado para decidir, controlar y sancionar.
6. Nueva carga fiscal indirecta: Creación de un Fondo Provincial que abre otra “caja” de recursos.
7. Beneficios condicionados: Incentivos atados estrictamente al cumplimiento de la ley.
8. Sanciones graves: Multas, pérdida de beneficios, exclusión de programas y derivación judicial.
9. Intervencionismo en prácticas productivas: El Estado define qué cultivos o técnicas se permiten o no
10. Expansión de la burocracia: Nuevas mesas de control, más estructuras y mayor injerencia política.

"Es muy malo y peor aún, en las manos equivocadas"

Por su parte, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica y productor rural,  Luciano Bugallo, sostuvo que el proyecto de los ingenieros agrónomos “si bien suena muy lindo, es muy malo y peor aún, en las manos equivocadas, puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando de la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia” dijo.

Según Bugallo, la declaración del suelo como bien público “abre la puerta a que el Estado tenga un poder superior sobre la tierra privada, desplazando el derecho de propiedad” observó.

“Cualquier decisión de un productor puede ser intervenida, fiscalizada o directamente prohibida por la autoridad de aplicación” advirtió.

Consideró que el productor “pierde autonomía”, porque ya “no decide libremente cómo usar su tierra, sino que está obligado a someterse a planes de manejo supervisados por burócratas y profesionales matriculados” que por esa condición los deja “rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios”.

“El productor no puede decidir libremente qué sembrar, como planificar su producción, cómo rotar cultivos o cómo manejar sus lotes sin autorización estatal” denunció, en referencia a los cuatro años de proyección que estipula la posible norma. También rechazó el “sistema de premios y castigos estatal, un régimen de clientelismo regulatorio, donde el productor solo obtiene ventajas fiscales si obedece las directivas del gobierno” lanzó.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la PBA (@CiafbaOficial) presentó hoy en la Comisión de Asuntos Agrarios del @Senado_BA, un proyecto que, si bien suena muy lindo, es muy malo y peor aún, en las manos equivocadas, puede volverse una herramienta de persecución, un… pic.twitter.com/2EUAjkY7mY

— LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) October 1, 2025

En esta línea, se opone a la creación de nuevos organismos: “Más burocracia, más poder para corporaciones y ONG’s con agendas ideológicas, menos libertad para el productor” sentenció. Por último, el diputado lilito cuestiona creación de un fideicomiso: “En la práctica, implica más impuestos y recursos estatales destinados a financiar estructuras administrativas y subsidios discrecionales. Caja política” afirmó.