Andorra cierra sus fronteras a inmigrantes ilegales por presión social

Andorra, el pequeño principado ubicado en los Pirineos entre España y Francia, anunció que dejará de aceptar inmigrantes en situación irregular, tras reportar un aumento en las solicitudes de ayudas sociales y dificultades para integrar a los nuevos residentes. El gobierno señaló que muchas personas llegan, reagrupan a sus familiares y al día siguiente solicitan asistencia estatal, generando un colapso en los servicios públicos.

Con una población de alrededor de 80.000 habitantes, Andorra ha sido históricamente un destino atractivo por sus bajos impuestos y su calidad de vida. Sin embargo, la política migratoria restrictiva se alinea con medidas recientes en países vecinos como Francia y Portugal, que también han endurecido el control fronterizo y los procedimientos de devolución de inmigrantes irregulares.

El jefe de Gobierno andorrano explicó que el objetivo es mantener la sostenibilidad del sistema de ayudas sociales y garantizar la integración efectiva de quienes ya residen legalmente en el país. Las autoridades destacaron que los recursos estatales son limitados y que la llegada masiva de personas en situación irregular compromete la atención sanitaria, educativa y de vivienda.

Históricamente, Andorra ha mantenido una política migratoria más flexible respecto a España y Francia, permitiendo la entrada de trabajadores transfronterizos y residentes extranjeros. Sin embargo, el incremento reciente de la inmigración irregular, sumado a la concentración familiar y las solicitudes rápidas de prestaciones, llevó al gobierno a adoptar esta postura más estricta.

Control fronterizo en Andorra, donde se supervisa la entrada de personas en situación irregular.

Expertos en migración señalan que la medida podría tener efectos inmediatos en la frontera con España, donde el principado actúa como un punto de tránsito. Esto podría presionar a las autoridades españolas a reforzar controles y coordinar políticas conjuntas para evitar flujos irregulares que impacten directamente en Andorra.

La decisión marca un giro importante en la gestión migratoria del país, que hasta ahora había combinado apertura económica con regulaciones de residencia moderadas. Ahora, la prioridad será garantizar que las ayudas sociales se destinen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales y fomentar la integración de residentes ya establecidos.