Denuncian 3.000 despidos en tecnológicas que reciben millonarios subsidios

La Asociación Gremial de Computación (AGC) denunció a Globant y a una veintena de compañías del sector tecnológico por más de 3.000 despidos en lo que va de 2025, pese a que todas ellas son beneficiarias de la Ley de Economía del Conocimiento.

El reclamo apunta directamente al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, responsable de fiscalizar el régimen de subsidios, que hasta ahora evitó pronunciarse.

El sindicato acusa a las firmas de incumplir uno de los requisitos centrales de la normativa: mantener o incrementar la nómina de trabajadores para conservar los beneficios fiscales.

Un informe oficial incorporado a la denuncia confirma que Globant redujo 453 puestos entre enero y julio de este año sin reponerlos en el plazo legal de 60 días.

Además de Globant, en la lista figuran empresas como Hexacta, Atos, NTT Data, Epidata y Axoft, entre otras, que en conjunto totalizan 3.080 desvinculaciones.

Según la AGC, esta práctica no solo contradice la letra de la ley, sino que pone en riesgo la continuidad de los beneficios, que incluyen millonarios créditos fiscales y reducciones en Ganancias. De ratificarse, podrían enfrentar la devolución retroactiva de todo lo percibido y sanciones adicionales.

La denuncia también plantea un trasfondo político: mientras el Gobierno promueve la “industria del conocimiento” como motor del crecimiento, los despidos masivos erosionan la legitimidad de un régimen que implica un alto costo fiscal para el Estado.

“El contrato social se rompe cuando los fondos que debían sostener el empleo terminan en ganancias privadas”, advirtieron desde la AGC. 

El reclamo gremial se agrava por la precarización laboral que describen los trabajadores del sector: contratos irregulares, horas extra no pagas, monotributistas encubiertos y salarios reales muy por debajo de los difundidos por la cámara empresaria CESSI.

Mientras esta asegura un promedio de $2,46 millones en abril, el Observatorio del Trabajo Informático calcula que la mediana salarial real no supera los $1,3 millones.

El conflicto instala un debate sensible para el oficialismo: cómo compatibilizar la atracción de inversiones con la protección de los trabajadores en una de las industrias estratégicas del país. Por ahora, la Casa Rosada opta por el silencio, pero la presión gremial promete crecer si no hay respuestas.

FS