Colombia: el giro en la lucha narco que divide a la sociedad

En Colombia, la historia reciente muestra cómo la lucha contra el narcotráfico ha terminado por doblegar al propio Estado. Desde los años ochenta, el poder del dinero y la violencia transformó la relación entre la justicia y los grupos criminales. En lugar de someterse al imperio de la ley, los carteles han logrado influir en sus reglas y límites. El resultado ha sido un ciclo de repetición donde el Estado cede espacio frente al crimen organizado.

El concepto de "sometimiento a la justicia" se ha convertido en un arma de doble filo. Lo que empezó como un intento de reintegrar actores ilegales, se transformó en un proceso en el que los delincuentes imponen condiciones. Hoy, bajo la figura de la Paz Total impulsada por Gustavo Petro, los narcos no solo negocian con el Estado: logran garantías jurídicas que antes parecían impensables.

Primeros pactos sangrientos

En la década de 1980, los carteles de Medellín y Cali demostraron que podían acorralar a las instituciones. El ataque al Palacio de Justicia en 1985, recordado como el holocausto a la justicia, marcó el momento en que la violencia narco golpeó el corazón del poder judicial. La amenaza de bombas y asesinatos obligaba a jueces y fiscales a renunciar a procesos o a aceptar condiciones dictadas por los capos.

Ese modelo de terror sembró un precedente: la justicia se convertía en un campo de batalla desigual. Aunque el Estado respondió con operativos y leyes especiales, el costo humano y político fue enorme. La narrativa de un país sitiado por la violencia narco se consolidó, dejando abierta la puerta a futuras negociaciones que se presentaban como soluciones necesarias.

El giro de Justicia y Paz

Con la Ley de Justicia y Paz de 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se buscó la desmovilización de los paramilitares. Este marco permitió la entrega de armas y la reducción de penas, pero dejó fuera a los llamados "narcos puros". Si bien se logró desarticular estructuras armadas, los beneficios selectivos abrieron un debate sobre la legitimidad de premiar a criminales a cambio de paz relativa.

La exclusión de narcotraficantes sin vínculos paramilitares reforzó la idea de que la justicia podía adaptarse según las coyunturas políticas. Mientras unos grupos accedían a beneficios, otros buscaban nuevas formas de presionar para entrar en el esquema. El terreno quedaba listo para una ampliación futura que terminó concretándose años después.

La Paz Total y sus riesgos

La Ley 2272 de 2022, impulsada por Petro, representó el cambio más radical al incluir a narcotraficantes en los beneficios de sometimiento. Se otorgaron facultades al Ejecutivo para suspender capturas, frenar extradiciones y extender incentivos de cooperación inéditos. El argumento oficial era dar salida negociada a las estructuras que perpetúan la violencia.

Sin embargo, este diseño coincidió con un auge histórico en la producción de cocaína, el debilitamiento del control territorial y la descertificación de Estados Unidos. En vez de reducir el poder criminal, la política parece haber abierto un escenario de mayor impunidad. La justicia, más que un árbitro, aparece como un actor presionado y condicionado por el crimen organizado.

Reacciones institucionales

Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han puesto en duda la solidez legal de la Paz Total. Al revisar el alcance de los beneficios, resaltaron la posible contradicción con el derecho internacional. Para los críticos, se trata de un modelo que, lejos de garantizar paz, erosiona la fortaleza institucional y deja desprotegidos a millones de ciudadanos que viven en territorios dominados por bandas.

La fiscal general, en defensa de la ley, ha señalado que el sometimiento es una herramienta legítima frente a un problema estructural. Sin embargo, los vacíos normativos y el margen de discrecionalidad generan incertidumbre sobre su aplicación real. El resultado es un debate abierto que enfrenta principios de soberanía, demandas sociales de paz y la urgencia de seguridad.

Petro, el problema no es Gaza, es Colombia. Así está el país, lleno de narcotráfico, guerrilla, muertos, masacres, secuestros y eso a usted no le importa. #ColombiaEsMásQuePetro pic.twitter.com/KfPRANQbU6

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 29, 2025

Un país en decadencia 

Colombia se encuentra, una vez más, en el dilema de enfrentar al narcotráfico con fórmulas que terminan favoreciendo a quienes debilitan el Estado. La historia muestra que, cuando la justicia se ajusta a las exigencias del crimen, el desenlace suele ser de mayor violencia y corrupción. La probabilidad de que este nuevo ciclo repita errores pasados es alta, cercana al 80%.

Aunque la Paz Total se presenta como un camino innovador, los datos actuales indican que podría profundizar la crisis. Sin una estrategia clara de fortalecimiento institucional, el país corre el riesgo de ver cómo el narcotráfico no se somete a la justicia, sino que convierte a la justicia en su rehén.