Crisis humanitaria
04/10/2025 - Edición Nº970
Internacionales
Derechos humanos
Drones en Haití: la operación que involucra a un polémico empresario
03/10/2025 | Más de 500 personas, incluidos niños, murieron en ataques aéreos contra pandillas; el organismo advierte violaciones graves de derechos humanos.
La ONU denuncia que Haití usa drones de forma ilegal, con más de 500 muertos este año.
La crisis de violencia en Haití ha alcanzado un nuevo punto de controversia internacional. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, señaló que el uso de drones por parte del Estado haitiano es “probablemente ilegal”, al no cumplir con los estándares internacionales de proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza. Los datos presentados son alarmantes: más de 559 personas murieron este año en ataques aéreos, entre ellas al menos 11 niños.
El informe advierte que, además de las muertes por drones, las autoridades haitianas habrían ejecutado sumariamente a 174 personas acusadas de vínculos con bandas armadas. Estos hechos configuran, según la ONU, violaciones graves a los derechos humanos que amenazan con profundizar la crisis política y social en el país caribeño.
La sombra de las empresas privadas
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la participación de la empresa Vectus Global, dirigida por Erik Prince, fundador de Blackwater, en el despliegue de drones explosivos contra presuntos miembros de pandillas. La externalización de estas operaciones militares abre un debate sobre la falta de rendición de cuentas y la dificultad de atribuir responsabilidades en caso de abusos.
La privatización de funciones militares en un Estado debilitado como Haití representa un riesgo añadido. Para organizaciones internacionales, la falta de control sobre estas acciones pone en cuestión la legitimidad de las operaciones y expone a la población civil a daños colaterales cada vez más frecuentes.
Impacto humanitario
La violencia ha generado 1,3 millones de desplazados internos y una creciente crisis alimentaria. La ONU documenta incidentes en los que ataques con drones alcanzaron a niños durante celebraciones comunitarias. En uno de los casos más citados, al menos ocho menores murieron en una fiesta organizada por un líder de pandillas. Estos episodios revelan la imposibilidad de evitar daños a inocentes en contextos urbanos densamente poblados.
Los expertos advierten que el uso indiscriminado de fuerza letal puede erosionar la ya frágil legitimidad del gobierno haitiano y alimentar un ciclo de violencia cada vez más difícil de contener. La percepción de que el Estado actúa con brutalidad refuerza la narrativa de las bandas y debilita la confianza ciudadana.
La respuesta internacional
El Consejo de Seguridad de la ONU debate actualmente ampliar el mandato del contingente de seguridad internacional destinado a reforzar a la policía haitiana. Sin embargo, la falta de aportes financieros por parte de los estados miembros limita el alcance de esta misión. Sin un respaldo sostenido, los esfuerzos internacionales corren el riesgo de quedar en meras declaraciones.
La comunidad internacional enfrenta así un dilema: cómo ayudar a Haití a combatir la violencia de las pandillas sin permitir que las medidas de seguridad degeneren en violaciones masivas de derechos humanos. Para Volker Türk, la respuesta debe estar enmarcada en la legalidad y el respeto a la vida.
#Haiti 🇭🇹: Haitian Security Forces carried out Drone strikes against Criminal Gang Members in the city of "Port-au-Prince" (#Pòtoprens).
— War Noir (@war_noir) May 31, 2025
Seemingly Haitian Forces used what appears to be FPV Kamikaze Drones (!) carrying Explosive Devices (IEDs). pic.twitter.com/Wfil0AHWN4
Una delicada situación
El caso haitiano evidencia los peligros de recurrir a soluciones militares tecnológicas sin un marco legal sólido. Los drones, presentados como herramienta de precisión, han provocado muertes indiscriminadas que alimentan la desconfianza hacia el Estado. La advertencia de la ONU es clara: combatir el crimen no puede justificar prácticas que ponen en riesgo a civiles.
En un contexto de crisis institucional y humanitaria, Haití se encuentra en una encrucijada. La eficacia de las políticas de seguridad no puede medirse solo en bajas de las pandillas, sino en la capacidad de construir legitimidad y confianza ciudadana. De lo contrario, la violencia se perpetuará y el Estado seguirá perdiendo terreno frente a las bandas armadas.
