Condenan a dos jóvenes por difundir imágenes íntimas sin consentimiento

Un caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento derivó en una condena inédita en la Ciudad de Buenos Aires. La Fiscalía PCyF N°10, especializada en violencia de género y a cargo de José Ernesto Sylvié, obtuvo sentencia contra dos jóvenes acusados de haber difundido y comercializado un video íntimo de una mujer de 25 años.

La investigación comenzó cuando la víctima recibió un mensaje anónimo a través de Instagram. En él, le enviaron capturas de un video sexual con un exnovio y la amenazaron con difundirlo si no entregaba más material íntimo. Ante la denuncia, la fiscalía tipificó los hechos como amenazas coactivas y dispuso medidas urgentes para rastrear el origen de los mensajes.

Con intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, se logró ubicar un domicilio en el barrio de Colegiales. Allí se secuestraron dispositivos electrónicos que permitieron identificar a un joven de 21 años como responsable del hostigamiento. Durante la pesquisa, se descubrió además que había pagado 50 mil pesos al exnovio de la denunciante para adquirir el video.

El proceso culminó con la condena al exnovio de la víctima a seis días de prisión en suspenso por haber difundido el material, mientras que el otro joven fue hallado culpable de amenazas coactivas y recibió una probation. En su caso, además, se le impuso el pago de 1,5 millones de pesos a modo de reparación económica.

Ambos deberán cumplir con un conjunto de pautas de conducta: asistir a un taller de violencia de género, mantener prohibición de contacto y acercamiento con la víctima, eliminar todo el material de sus dispositivos y abstenerse de difundirlo por cualquier vía.

Desde la fiscalía destacaron que, pese a que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento aún no figura como delito en el Código Penal —solo como contravención—, la estrategia judicial permitió avanzar en una condena. El caso se trabajó con enfoque de género, aplicando la Ley Olimpia, que reconoce estas conductas como una forma de violencia digital hacia las mujeres.