Exiliados nicaragüenses rechazan respaldo de diputados mexicanos a Daniel Ortega

La creación de un Grupo de Amistad México–Nicaragua en la Cámara de Diputados ha provocado un fuerte rechazo de la comunidad nicaragüense en el exilio. El proyecto, impulsado por congresistas de Morena, PT, PAN y Movimiento Ciudadano, es visto como un gesto que otorga reconocimiento a un régimen señalado de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde 2018. Para los opositores a Daniel Ortega, la iniciativa no es un simple trámite parlamentario, sino un acto de legitimación política.

El acto está previsto para el 7 de octubre en San Lázaro, con una convocatoria que circuló incluso desde la Embajada de Nicaragua en México. Entre los promotores figuran Pedro Vázquez, Jesús García y Jesús Corral del PT; César Verástegui del PAN; Juan Zavala de MC; y las morenistas Ariadna Barrera, María Rosales y María Silva. Su participación conjunta ha sorprendido, pues reúne a legisladores de bancadas tradicionalmente enfrentadas en otros temas.

Reacciones del exilio

La respuesta del exilio fue inmediata. Más de un centenar de figuras nicaragüenses firmaron una carta abierta en la que denuncian el intento de lavar la imagen de Ortega. Entre ellos destacan la escritora Gioconda Belli, la exguerrillera Dora María Téllez, la excomandante Mónica Baltodano, la socióloga Sofía Montenegro, la jurista Azahálea Solís y el periodista Carlos F. Chamorro. En la misiva califican al régimen como “una de las dictaduras más feroces del continente” y exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos.

El texto recuerda que en 2018 las protestas fueron reprimidas con un saldo de más de 360 muertos y que actualmente existen 33 presos políticos desaparecidos. Además, denuncia la práctica de las desnacionalizaciones masivas, la confiscación de bienes y el hostigamiento contra la Iglesia católica. Para los firmantes, cualquier gesto de reconocimiento internacional al Gobierno de Managua significa un aval a esa represión.

Contexto internacional

La instalación del grupo ocurre en un momento de profundo aislamiento diplomático de Nicaragua. Organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado al régimen de Ortega por crímenes de lesa humanidad y por mantener un Estado policial de facto. En este escenario, la iniciativa mexicana aparece desalineada con la tendencia internacional, marcada por sanciones y condenas.

México ha jugado un papel dual en la crisis nicaragüense. Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el país otorgó nacionalidad a opositores desnacionalizados. Sin embargo, bajo la administración de Claudia Sheinbaum la postura se ha vuelto más prudente y menos confrontativa. El grupo parlamentario se interpreta, por ello, como una contradicción respecto a la tradición mexicana de defensa del asilo y los derechos humanos.

División en el Congreso

El respaldo a la iniciativa no solo generó críticas externas, sino que también expuso fisuras dentro de las bancadas mexicanas. El hecho de que legisladores del PAN y MC se sumaran a diputados de Morena y el PT descolocó a sectores de sus propios partidos. En redes sociales, dirigentes opositores han pedido revisar la decisión y retirar la firma antes de la instalación oficial del grupo.

Por su parte, defensores de la propuesta argumentan que los grupos de amistad no implican un aval a las políticas internas de los países, sino que buscan fortalecer vínculos diplomáticos y comerciales. Sin embargo, la narrativa de los exiliados apunta a que, en un contexto tan marcado por la represión, no existen gestos neutrales: cualquier acercamiento se interpreta como un apoyo implícito a la dictadura.

Consecuencias diplomáticas

La creación del grupo podría tener costos reputacionales para México en foros internacionales. Al establecer un vínculo formal con un Gobierno sancionado, el país se expone a cuestionamientos sobre su compromiso con los derechos humanos. Además, la iniciativa puede generar tensiones con organismos multilaterales y con gobiernos que han liderado las denuncias contra Managua.

Otro factor a observar es la postura que adopte la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta ahora, la dependencia no se ha pronunciado públicamente, pero su aval o distanciamiento marcará la interpretación diplomática de la iniciativa. En cualquier escenario, la polémica ya ha colocado el tema en la agenda política mexicana.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados (Foto: Cristina Rodríguez).

Más allá 

El episodio refleja cómo la política exterior mexicana puede verse afectada por decisiones parlamentarias de carácter simbólico, pero con alto impacto político. El caso de Nicaragua demuestra que los grupos de amistad no son meros rituales diplomáticos, sino instrumentos que envían mensajes claros al resto del mundo. La lectura internacional difícilmente diferenciará entre un acto formal y un respaldo político.

De aquí en adelante, el gobierno y el Congreso deberán evaluar si el beneficio de estrechar lazos con un régimen aislado compensa el costo de erosionar la imagen de México como defensor histórico del asilo y los derechos humanos. La presión del exilio nicaragüense y de la sociedad civil probablemente incremente en los próximos días, poniendo a prueba la coherencia de la política mexicana.