
En el marco de un antiguo conflicto entre Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) y su exdistribuidora QUILBEB SUR S.A. el abogado mediático y actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernando Burlando, apuntó contra la primera marca de cerveza del país en una causa que promete generar repercusión política y empresarial. La denuncia inicial incluyó pedidos de allanamientos, secuestro de documentación sensible y la interceptación de correspondencia y mensajería electrónica.
Sin embargo, la Justicia Criminal y Correccional del Departamento Judicial de La Plata se declaró incompetente para intervenir en los planteos realizados por el equipo legal encabezado por Burlando. El expediente, identificado como IPP 06-0029680-25, se sustancia en el marco de una investigación por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, desbaratamiento de derechos acordados y fraudes al comercio e industria.
El fiscal platense Álvaro Garganta derivó el caso a la Unidad Funcional de Investigación de Quilmes, que recibió la causa a través del Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de la magistrada Natalia Noemí Bavaro. Esta decisión motivó la apertura de un tercer expediente, bajo el número de Investigación Preliminar 13-0027192-25.
El equipo de abogados liderado por Burlando insiste en que hay que investigar la conducta de los directivos de la empresa por posible asociación ilícita (art. 210 CP), coacción agravada (arts. 149 bis y ter CP), fraude comercial (art. 301 CP), desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11 CP), desbaratamiento de empresa (art. 174 inc. 6 CP) e infracción al art. 159 CP.
Según consta en el escrito presentado por el mediático letrado, se acusa a funcionarios de la histórica cervecera de haber intentado adueñarse de un inmueble ubicado en el Parque Industrial Plátanos, de la localidad bonaerense de Berazategui. En paralelo, habrían violado medidas cautelares que prohibían desalojar la planta de QUILBEB SUR y también habrían ordenado privar ilegalmente de libertad a un chofer.
La causa, que ahora quedó en manos de la Justicia quilmeña, abre un nuevo frente de conflicto en plena campaña legislativa y podría tener consecuencias tanto en el plano político como en el empresarial, dependiendo del avance de la investigación y de la admisión de las pruebas solicitadas.
GZ