La novia de la “boda narco” quedó libre: fue extraditada desde Paraguay

La Justicia Federal de Rosario ordenó la liberación de Brisa Leguizamón, la mujer que alcanzó notoriedad por haber protagonizado junto a su pareja Esteban “Pinky” Rocha la denominada “boda narco” de Ibarlucea, celebrada en enero de 2022 y seguida por un triple homicidio que sacudió a la región.

Leguizamón, de 27 años, había sido condenada a cinco años de prisión por el delito de comercio de estupefacientes, pero el tribunal consideró que ya cumplió la pena con el tiempo que pasó detenida en Paraguay, a la espera de su extradición, y los meses que estuvo con arresto domiciliario en Argentina.

Rocha, de 30 años, recibió una pena de cuatro años, por lo que seguirá detenido hasta completar el cumplimiento efectivo de su condena. Ambos fueron juzgados el 16 de septiembre pasado, después de su extradición en 2023, tras permanecer más de un año prófugos de la Justicia.

El caso se originó el 29 de enero de 2022, durante el casamiento de la pareja en la localidad de Ibarlucea, cuando un Audi TT fue atacado a balazos a la salida de la fiesta. En el vehículo viajaban Maximiliano Giménez, Érica Romero y su bebé de un año y medio, quienes murieron en el acto.

Antes de ese episodio, Leguizamón y Rocha eran considerados vendedores de droga de pequeña escala, presuntamente vinculados a Olga “Tata” Medina, una referente del narcomenudeo en la zona norte de Rosario. Sin embargo, tras la masacre, escaparon a Paraguay y alquilaron un departamento de lujo con piscina, helipuerto y canchas de tenis en Asunción.

Durante su estadía, la pareja exhibía una vida de ostentación en redes sociales, donde publicaban fotos desde un edificio llamado Miami, cuyas unidades se alquilan por más de 3.000 dólares mensuales. Esas publicaciones fueron clave para localizarlos y detenerlos.

El Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario, integrado por Germán Sutter Schneider, Elena Dilario y Ricardo Vázquez, convalidó un juicio abreviado y los declaró partícipes secundarios del delito de comercialización de drogas.

Además de la pena de prisión, el fallo impuso multas económicas: 70.000 pesos para Leguizamón y 56.000 pesos para Rocha, además del pago de una tasa judicial de 4.700 pesos.

Aunque su extradición generó un gran despliegue policial y cobertura mediática, la investigación no logró probar que fueran cabecillas narcos. Para los jueces, formaban parte de una red menor, aunque aún persiste la incógnita sobre el origen de los recursos que les permitieron llevar una vida de lujo durante su estadía en el extranjero.