El Salvador prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas

El Ministerio de Educación de El Salvador prohibió oficialmente el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos, así como en materiales, documentos administrativos y comunicaciones de las instituciones públicas. La disposición incluye términos como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “tod@s”, “nosotrxs” y otras expresiones que modifican las normas del español para incluir identidades no binarias.

La orden, de carácter obligatorio, busca -según el comunicado oficial-  “garantizar una comunicación clara y uniforme en el proceso educativo”, basándose en la normativa gramatical reconocida por la Real Academia Española (RAE). Además, insta a los docentes a utilizar “el español estándar” en la enseñanza, la redacción institucional y los materiales escolares.

El presidente Nayib Bukele junto a la ministra de Educación durante la firma de una disposición oficial. El gobierno salvadoreño busca “unificar el uso del idioma” en las aulas con la nueva medida que prohíbe el lenguaje inclusivo.

La medida fue firmada por la ministra de Educación salvadoreña, quien argumentó que el lenguaje inclusivo “altera las estructuras formales del idioma” y puede generar confusión en los estudiantes. El documento también advierte que el incumplimiento podrá derivar en sanciones administrativas o disciplinarias dentro del sistema educativo.

La decisión generó reacciones encontradas. Mientras sectores conservadores la respaldaron por considerar que “protege la enseñanza correcta del idioma”, organizaciones feministas y de diversidad sexual la rechazaron por interpretarla como un intento de censura y exclusión. Para estos grupos, el lenguaje inclusivo es una herramienta de visibilización y reconocimiento de las identidades no binarias y trans, que en la sociedad salvadoreña todavía enfrentan discriminación estructural.

En el país, el debate sobre el lenguaje y el género no es nuevo. Desde 2021, cuando el presidente Nayib Bukele impulsó una agenda de fuerte centralización estatal y un discurso de orden cultural, varias políticas oficiales reforzaron posturas conservadoras en educación y moral pública. Sin embargo, El Salvador no está solo: decisiones similares se adoptaron en Argentina (en la Ciudad de Buenos Aires, 2022), Uruguay (2023) y algunas regiones de México y España, donde las autoridades educativas limitaron el uso de expresiones no normativas en contextos formales.

A nivel global, el lenguaje inclusivo divide opiniones entre quienes lo consideran una evolución necesaria para reflejar la diversidad social, y quienes lo ven como una alteración innecesaria de las reglas lingüísticas. La Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO promueven, en cambio, el uso de un “lenguaje inclusivo en cuanto al género”, basado en estrategias como la neutralización (“las personas estudiantes”) sin alterar la morfología de las palabras.

El veto salvadoreño reabre así una discusión cultural más profunda: ¿hasta qué punto el idioma debe adaptarse a los cambios sociales? En un país marcado por tensiones entre tradición y modernidad, la respuesta parece ir mucho más allá de las aulas.