
En una maniobra inédita, el magistrado ordenó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que deje de investigar una causa por lavado de dinero que lleva dos años de pruebas recolectadas, y que acumule el expediente en su juzgado.
La medida despertó alarma en el fuero judicial, ya que la investigación federal había arrojado resultados contundentes: allanamientos positivos, información sobre cuentas bancarias en Málaga (España), viajes sin justificar de funcionarios y vínculos societarios de magistrados en el exterior.
Sin embargo, Juan Pablo Masi, sin consultar ni revisar la evidencia, decidió reclamar la causa para sí, en un gesto que fue leído como un intento de control en el escabroso tema judicial que implicó a funcionarios de alto calibre.
El mismo juez, en la misma semana, revocó además la participación de la empresa SECUTRANS como querellante, pese a que él mismo había habilitado su intervención hace dos años.
La contradicción plantea interrogantes sobre la motivación detrás de estos cambios, en un contexto en el que Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte de Axel Kicillof y referente del massismo, aparece en el centro de la trama de connivencia con gestores y borrado ilegal de infracciones.
La figura de Masi no es ajena a la polémica. Ya en 2019 había sido suspendido por la Suprema Corte bonaerense por prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras sobreseer en tiempo récord a Daniel Scioli y a Luis “Chiche” Peluso en una causa por enriquecimiento ilícito contra el ex titular de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires.
Luego de que los funcionarios provinciales presentaran un descargo de una página y media, el magistrado sobreseyó a ambos, el 16 de septiembre del 2009, es decir, 13 días después. Ello motivó que la fiscal del caso, Cecilia Corfield, interponga una formal denuncia, la cual fue sostenida y acompañada por el procurador Julio Conte Grand, quien presentó formalmente la denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados.
Aquel fallo motivó pedidos de destitución y dejó al magistrado bajo sospecha. Ahora, su cercanía con D’Onofrio y la intervención de abogados comunes en ambos procesos refuerzan la hipótesis de un entramado de favores y protección mutua que amenaza con dejar impune una de las causas de corrupción más sensibles de la Provincia.