
El gobierno de Venezuela afirmó haber desactivado un supuesto plan de atentado con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Caracas, en un anuncio que despertó más dudas que certezas. La denuncia, realizada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras más cercanas a Nicolás Maduro, fue presentada como una “operación de falsa bandera” impulsada por sectores opositores, aunque sin aportar pruebas verificables. Una vez más, el oficialismo apeló al argumento de la conspiración externa para reforzar su discurso de resistencia y unidad.
Según Rodríguez, el gobierno habría informado del complot a Washington a través de tres canales diferentes, además de contactar a una embajada europea para interceder. Sin embargo, la afirmación contrasta con la ausencia total de evidencia pública y con el historial de denuncias similares que nunca se comprobaron. Desde 2019, la embajada estadounidense permanece cerrada tras la ruptura de relaciones diplomáticas, por lo que el anuncio resulta, cuando menos, inconsistente en términos prácticos.
La denuncia se enmarca en una estrategia comunicacional ya conocida del chavismo: presentar al país como víctima de complots internacionales. Esta narrativa permite al régimen distraer la atención de la crisis económica, la inflación descontrolada y la pérdida de legitimidad interna, temas que dominan la agenda nacional. En un contexto de aislamiento político y sanciones, el gobierno busca reafirmar su papel de defensor de la soberanía frente a enemigos externos, incluso cuando las amenazas carecen de sustento.
Para observadores locales, la acusación busca reactivar el discurso del enemigo común, un recurso clásico para cohesionar a la base oficialista. Además, ocurre en momentos en que Maduro intenta reposicionarse internacionalmente, presentando una imagen de estabilidad y control. Sin embargo, las denuncias sin evidencia tienden a erosionar la credibilidad del Estado venezolano y a profundizar la desconfianza de otros gobiernos.
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre el supuesto plan. En los círculos diplomáticos, la información fue recibida con escepticismo. La falta de detalles y la ambigüedad del anuncio han llevado a pensar que se trata más de una puesta en escena política que de un hecho real. Mientras tanto, la oposición venezolana considera el caso un intento desesperado por controlar la agenda pública y desviar la atención de los graves problemas sociales.
Incluso dentro del oficialismo, algunos sectores admiten en privado que el mensaje busca fortalecer la narrativa de seguridad nacional antes que comunicar una amenaza concreta. La manipulación del miedo, más que la protección efectiva, parece ser el propósito de estas declaraciones, en una dinámica que se ha vuelto habitual en el discurso de poder de Caracas.
ÚLTIMA HORA | Venezuela advierte a EEUU sobre "grave amenaza" contra su sede diplomática en Caracas
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 6, 2025
"Mediante operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU" https://t.co/87wefXCPgc pic.twitter.com/U38L58k3Bq
En el plano internacional, la acusación ha pasado casi desapercibida. Los gobiernos de la región han preferido mantener cautela y evitar pronunciamientos hasta que se presenten pruebas. Pero la estrategia de Maduro podría tener un doble objetivo: enviar señales de cooperación a Estados Unidos y, al mismo tiempo, reforzar su relato soberanista ante su base política. Esta dualidad le permite al régimen oscilar entre la victimización y la negociación, adaptando el discurso según la audiencia.
En definitiva, la denuncia de un atentado sin evidencia confirma la tendencia del chavismo a usar la amenaza externa como herramienta de legitimación interna. En un país donde la crisis económica y la falta de libertades pesan más que cualquier supuesto complot, el miedo vuelve a ser el recurso preferido del poder para sostenerse.