
Gisele Pelicot, una mujer francesa de 72 años, regresó este lunes a los tribunales de Nîmes para presenciar la apelación de uno de los 51 hombres condenados por haber participado en su violación masiva, un caso que conmovió al país y abrió un profundo debate sobre el consentimiento y las fallas del sistema judicial frente a los delitos sexuales.
El juicio, que concluyó en 2024, reveló una historia estremecedora: su exmarido, Dominique Pelicot, la drogaba durante años para permitir que decenas de hombres abusaran de ella mientras estaba inconsciente. Las agresiones ocurrieron entre 2010 y 2020 en el sur de Francia y fueron registradas en video, lo que permitió identificar a muchos de los agresores.
Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión por violación y administración de sustancias ilícitas. Otros 50 acusados recibieron penas que van de seis meses a quince años, dependiendo de su participación. Pero uno de ellos, Husamettin D., de 52 años, decidió apelar su condena de nueve años de cárcel, alegando que creía participar en un encuentro sexual consentido y desconocía que la víctima estaba drogada.
Durante la audiencia, su abogada sostuvo que el acusado fue “manipulado” por el exmarido, mientras que la fiscalía insistió en que el consentimiento no existe cuando una persona está inconsciente o bajo el efecto de sustancias. El tribunal de apelaciones deberá decidir en los próximos días si confirma o modifica la sentencia.
La propia Gisele Pelicot, que decidió romper el silencio y mostrarse públicamente con su nombre y rostro, se ha convertido en un símbolo de resistencia en la lucha contra la violencia sexual en Francia. Su testimonio, difundido en medios y redes, inspiró a muchas otras mujeres a denunciar agresiones y reabrió el debate sobre la necesidad de reformar las leyes de consentimiento.
El caso también puso en foco el aumento de los delitos sexuales cometidos con drogas de sumisión química, un fenómeno creciente en Europa. Asociaciones feministas y juristas reclaman penas más severas, formación judicial con perspectiva de género y campañas de prevención que aborden el consentimiento como eje central.
Más allá del resultado judicial, el llamado “caso Pelicot” ya es considerado un punto de inflexión en Francia: por su dimensión, por su crudeza y porque obligó al Estado a mirar de frente un problema estructural que trasciende a las víctimas individuales y expone la urgencia de un cambio cultural y legal profundo.