
El anuncio de la creación de un Grupo de Amistad México-Nicaragua en la Cámara de Diputados ha desatado una ola de críticas dentro y fuera del país. Para el exilio nicaragüense, el proyecto constituye un gesto de legitimación hacia el régimen de Daniel Ortega, responsable de graves violaciones de derechos humanos desde las protestas de 2018. Aunque se presenta como un esfuerzo diplomático, los detractores aseguran que, en la práctica, el grupo otorga un respaldo político a una dictadura aislada por la comunidad internacional.
La instalación del grupo está prevista para el 7 de octubre en San Lázaro, impulsada por legisladores de Morena, PT, PAN y Movimiento Ciudadano. La convocatoria, enviada incluso desde la Embajada de Nicaragua en México, fue encabezada por Pedro Vázquez, Jesús García y Jesús Corral del PT; César Verástegui del PAN; Juan Zavala de MC; y las morenistas Ariadna Barrera, María Rosales y María Silva. La coincidencia entre partidos tradicionalmente enfrentados ha generado sorpresa y preocupación, al interpretarse como un consenso tácito con un régimen autoritario.
Desde Costa Rica, Miami y Ciudad de México, figuras destacadas del exilio nicaragüense expresaron su indignación por la iniciativa. A través de una carta abierta, firmada por más de cien intelectuales, artistas y exiliados políticos, denunciaron que la propuesta “le lava la cara a una de las dictaduras más crueles del continente”. Entre los firmantes figuran Gioconda Belli, Dora María Téllez, Mónica Baltodano, Sofía Montenegro, Azahálea Solís y Carlos F. Chamorro, todos referentes históricos del sandinismo crítico.
El documento recuerda que en 2018 el régimen reprimió manifestaciones con un saldo de más de 360 muertos y que actualmente existen 33 presos políticos desaparecidos, además de denuncias de confiscación de propiedades y expulsiones forzadas. Según los exiliados, cualquier intento de acercamiento con Managua traiciona la tradición mexicana de asilo político, que durante décadas dio refugio a perseguidos de América Latina.
La polémica también reaviva el debate sobre la postura ambivalente de México ante los gobiernos autoritarios de la región. Bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, México otorgó nacionalidad y refugio a varios opositores nicaragüenses. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum ha adoptado un tono más prudente, evitando pronunciarse directamente sobre los abusos del régimen de Ortega. El nuevo grupo parlamentario parece, para muchos, una señal contradictoria con la defensa histórica del asilo y los derechos humanos.
El contexto internacional refuerza esas críticas. Diversos organismos, entre ellos la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han documentado crímenes de lesa humanidad y persecución política en Nicaragua. En este escenario, la creación de un espacio de “amistad” resulta desconcertante para la diplomacia internacional, que busca aislar a Managua como medida de presión para la liberación de los presos políticos.
La decisión de los diputados mexicanos también provocó divisiones dentro de las propias bancadas. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano fueron cuestionados por sus compañeros de partido, que exigieron una rectificación inmediata. En redes sociales, dirigentes opositores denunciaron que el grupo compromete la credibilidad del Congreso y pidieron cancelar el acto antes de su instalación oficial.
Por otro lado, los promotores defienden que el grupo no implica respaldo político, sino que busca fortalecer los vínculos culturales y comerciales. Sin embargo, analistas consideran que en un contexto de represión sostenida no existen gestos diplomáticos neutrales: cualquier intento de acercamiento puede interpretarse como una legitimación de facto del régimen de Ortega.
De concretarse la instalación, México podría enfrentar cuestionamientos en foros multilaterales como la OEA o la ONU, donde ha sostenido posiciones en defensa de los derechos humanos. El vínculo con un gobierno sancionado internacionalmente podría erosionar la imagen del país como garante del asilo y promotor de la libertad política. Además, diplomáticos consultados anticipan que la decisión podría dificultar futuras negociaciones sobre migración y cooperación regional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido aún una posición formal sobre el tema. Su silencio alimenta la incertidumbre sobre si la iniciativa cuenta con respaldo gubernamental o si se trata de un acto aislado del poder legislativo. En cualquiera de los casos, el episodio ya expuso una fractura entre el discurso histórico y la práctica política contemporánea.
🇳🇮 | Exiliados nicaragüenses rechazan recreación del “Grupo de Amistad México–Nicaragua”
— La Mesa Redonda (@lamesaredondan1) October 3, 2025
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La controversia sobre el Grupo de Amistad México–Nicaragua plantea un dilema moral y diplomático para el país. México, que durante décadas fue símbolo de solidaridad y refugio para perseguidos políticos, corre el riesgo de diluir ese legado al vincularse con un régimen represivo. En un momento de redefinición de su papel internacional, las señales que emita ante casos como el nicaragüense serán observadas con atención.
En última instancia, la reacción del exilio nicaragüense constituye un recordatorio de la responsabilidad histórica de México. Más allá de los matices partidarios, la decisión de los diputados será interpretada como un termómetro del compromiso nacional con la libertad, los derechos humanos y la coherencia diplomática que alguna vez definieron su prestigio regional.