Cripto bajo lupa
07/10/2025 - Edición Nº973
Política
$LIBRA
Justicia frena citación de funcionarios por la criptoestafa
07/10/2025 | El juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró improcedente el pedido de la comisión de Maximiliano Ferraro de llevar a declarar a Melik y Starc por el caso $LIBRA.
Maximiliano Ferraro y miembros de la comisión $LIBRA durante la sesión de investigación.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del expediente por presuntas irregularidades en la criptomoneda $LIBRA, rechazó el pedido del diputado Maximiliano Ferraro para que los titulares de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera declaren como testigos.
Ferraro había solicitado que Alejandro Melik, al frente de la Oficina Anticorrupción, y Paul Starc, titular de la UIF, así como la responsable de la unidad de investigación creada por el Ejecutivo, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emiliano Silva, comparecieran ante la comisión investigadora.
El magistrado consideró que la comisión “carece de competencia” para dictar órdenes de esa naturaleza, y por ello calificó como improcedente el requerimiento.
Martínez de Giorgi se hizo cargo de la causa hace dos semanas, luego de que su colega Ariel Lijo, quien subrogaba el juzgado de María Romilda Servini, se declarara incompetente y derivara el expediente sobre el lanzamiento de $LIBRA.
La decisión del juez generó tensión entre el Poder Judicial y la comisión legislativa, dado que esta última busca esclarecer posibles irregularidades vinculadas al manejo de la criptomoneda que terminó desplomándose.
La disputa de competencias fue resuelta por Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña, confirmando que Martínez de Giorgi tiene jurisdicción sobre la investigación, que también involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, denunciada por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles.
El rechazo a la citación subraya los límites legales de las comisiones parlamentarias y la protección que gozan ciertos funcionarios frente a requerimientos directos de declaración.
