Análisis: el impacto de las TOAR en la Justicia colombiana

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta el reto de demostrar que la justicia restaurativa puede sanar un país marcado por la guerra. Sus sanciones propias, aplicadas a exguerrilleros y militares implicados en crímenes graves, buscan reparar a las víctimas sin recurrir a la prisión. Sin embargo, este enfoque ha despertado críticas de quienes lo consideran una forma de impunidad, incompatible con la magnitud de los delitos cometidos. La tensión entre castigo y reconciliación se ha convertido en el eje moral del posconflicto colombiano.

Las víctimas reclaman una justicia más visible y proporcional al daño sufrido. Para muchas de ellas, las TOAR -Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador- no reemplazan la verdad plena ni garantizan una reparación individual. Aunque reconocen el esfuerzo institucional, sienten que la falta de sanciones privativas de libertad debilita el sentido de justicia. La JEP debe, por tanto, equilibrar el valor simbólico de la reconciliación con la exigencia concreta de justicia.

La paradoja del castigo y el perdón

Colombia vive una paradoja: busca paz sin renunciar a la idea de castigo. Inspiradas en modelos internacionales de reconciliación, las sanciones restaurativas proponen que la verdad y la reparación sustituyan la cárcel. Pero gran parte de la sociedad aún asocia justicia con retribución, y considera que el perdón sin castigo equivale al olvido. En este escenario, la reconciliación parece una meta lejana, atrapada entre la sed de venganza y el deseo de sanar.

Esa tensión se refleja también en la arena política. Los excomandantes de las FARC apenas lograron 50.000 votos en las últimas elecciones, y la eliminación de las curules de paz reduce aún más su presencia institucional. Para una parte del país, su participación en la política sigue siendo inadmisible; para otra, constituye la verdadera prueba de que la paz funciona. Mientras no exista un consenso sobre cómo perdonar, la legitimidad de la JEP seguirá en disputa.

La JEP exhumó un séptimo cuerpo que correspondería a otra víctima de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, en la zona protegida con medida cautelar.
Este nuevo hallazgo confirma la denominación de este lugar como fosa común.

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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 27, 2025

El espejo moral de la sociedad

Las TOAR ofrecen una oportunidad concreta para reconstruir la confianza, siempre que los resultados sean verificables y beneficien a las comunidades afectadas. Si logran hallazgos significativos en la búsqueda de desaparecidos o mejoras tangibles en los territorios golpeados, podrían transformar el rechazo inicial en reconocimiento. Pero si se perciben como un simple gesto simbólico, su valor moral se evaporará rápidamente. La clave radica en demostrar que el perdón puede convivir con la responsabilidad.

En última instancia, el debate sobre la JEP revela la fractura moral de Colombia. Su éxito no dependerá solo de castigar o perdonar, sino de redefinir el sentido de justicia en un país que todavía teme enfrentarse a su pasado. La paz duradera exigirá asumir que no hay reconciliación sin verdad ni memoria sin responsabilidad. Solo entonces, la sociedad podrá comprender que perdonar no significa olvidar, sino elegir un futuro distinto al de la venganza.