Grabois y Zaracho impulsan controles toxicológicos en Casa Rosada y el Congreso

La diputada nacional del espacio de Juan Grabois, Natalia Zaracho, presentó un proyecto de ley para que una serie de funcionarios públicos estén sometidos a exámenes toxicológicos periódicos.

Así, la iniciativa se concentra en “sustancias psico-adictivas ilegales” y estipula cuáles serían los cargos o sectores alcanzados:

1. El presidente y vicepresidente de la Nación;
2. Los senadores y diputados de la Nación;
3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6. El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional;
7. Los interventores federales;
8. El Síndico General de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento;
10. Los embajadores, cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el exterior;
11. El personal en actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente;
12. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente;
13. Personal Jerárquico de los organismos de inteligencia, sin distinción de situación de revista.

Por otro lado, en caso de resultado positivo, sin prescripción médica justificada, se procederá a: a) la inmediata suspensión preventiva del cargo; b) la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades; y c) la eventual cesantía, inhabilitación o baja, según el régimen aplicable a cada poder del estado, fuerza armada o fuerza de seguridad.

“Resulta contradictorio y peligroso que aquellos llamados a dictar leyes, impartir justicia o ejercer autoridad pública sean al mismo tiempo parte de la cadena de consumo que sostiene a las organizaciones delictivas”, se argumenta en el proyecto de Zaracho.

Además, “la función pública exige plena aptitud psicofísica. El uso de sustancias psicoadictivas compromete la capacidad de discernimiento, afecta la toma de decisiones y atenta contra la confianza ciudadana en sus representantes. Quienes cumplen funciones de jerarquía en el Estado deben estar en condiciones óptimas para ejercer su cargo”.

Finalmente, la propuesta menciona la situación de Espert: “La realidad muestra que esta problemática no es hipotética. El caso del diputado José Luis Espert, señalado públicamente por vínculos de financiamiento de campaña con dinero del narcotráfico, o el de Lorena Villaverde, ex candidata y dirigente política detenida por tráfico de drogas, son claros ejemplos de cómo las estructuras narco buscan penetrar la política argentina. Estos antecedentes refuerzan la urgencia de establecer mecanismos preventivos y de control”.

FA