Macario González: el misterio de su desaparición en Venezuela

La desaparición del opositor Macario González, de 73 años, mantiene en vilo a su familia y al entorno político venezolano. El exdiputado por Voluntad Popular fue visto por última vez el 12 de septiembre, al salir de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto, donde impartía clases de Derecho. Desde entonces, no hay comunicación ni registro oficial de su paradero, y las autoridades no han emitido ningún comunicado que aclare su situación.

Su hija, Macarena González, sostiene que el caso constituye una desaparición forzada, un mecanismo que se ha vuelto cada vez más frecuente en la persecución a voces críticas del chavismo. En declaraciones recientes, denunció la falta de respuesta de las instituciones y alertó sobre el delicado estado de salud de su padre, quien padece hipertensión. "No sabemos dónde está, ni si está recibiendo tratamiento. Es una tortura para toda la familia", afirmó.

Situación de los detenidos políticos

De acuerdo con organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), más de 170 personas han desaparecido temporalmente entre 2024 y 2025 tras ser detenidas por cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los arrestados son presentados semanas después ante tribunales antiterrorismo, sin contacto con sus familias ni abogados, en un patrón que las ONG califican de sistemático. El gobierno, sin embargo, niega la existencia de presos políticos y argumenta que todos los detenidos están vinculados con delitos de conspiración o sabotaje.

Fuentes locales indican que González podría encontrarse recluido en alguna sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aunque ninguna institución ha confirmado oficialmente su detención. En episodios anteriores, opositores como Luis Somaza o Juan Requesens permanecieron incomunicados durante semanas antes de ser reconocidos como prisioneros, lo que refuerza las sospechas sobre un nuevo caso de represión encubierta.

Repetición de un patrón represivo

La desaparición de Macario González no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica de represión selectiva que afecta a cuadros medios de los partidos opositores. Durante 2025, el chavismo ha intensificado los arrestos de activistas, exfuncionarios y profesores universitarios, bajo acusaciones genéricas de atentar contra la seguridad del Estado. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado una preocupante alza en las detenciones arbitrarias y en el uso de audiencias virtuales sin garantías procesales.

El silencio del Ejecutivo ante el caso González contrasta con la presión de organismos internacionales y partidos opositores, que exigen su liberación inmediata o, al menos, información verificada sobre su estado. La ausencia de comunicados oficiales refuerza la percepción de que el gobierno utiliza el miedo como herramienta de control político, debilitando aún más la confianza institucional.

Macario González, ex alcalde de Barquisimeto y profesor universitario, fue desaparecido forzosamente la tarde del #12Sep en el estado #Lara.

Su hija, Macarena González, denuncia que desde ese momento se desconoce su paradero, teme por su vida y alerta que su padre es paciente… pic.twitter.com/No6FB0H3D2

— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 13, 2025

Un reflejo del deterioro institucional

El caso de Macario González simboliza el colapso del Estado de derecho en Venezuela y la consolidación de un modelo de control basado en la intimidación. Su desaparición, sumada a decenas de denuncias similares, proyecta una imagen de país donde la disidencia es un riesgo vital, incluso para figuras con trayectoria académica y pública. La falta de transparencia estatal no solo vulnera los derechos de los afectados, sino también erosiona los canales de confianza con la sociedad civil.

Si bien el gobierno intenta mantener una fachada de estabilidad institucional, la desaparición de González vuelve a evidenciar el abismo entre el discurso oficial y la realidad política del país. Cada nuevo caso de represión alimenta el descrédito internacional del chavismo y aleja la posibilidad de una transición democrática sostenible.