
Aunque el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública de funcionarios públicos, la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda LIBRA avanzó con una nueva reunión en el Congreso, sin testigos presentes.
Presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la Comisión retomó su tarea de indagar en la presunta criptoestafa vinculada a la moneda digital Libra, en medio de un debate político y jurídico sobre los límites de sus atribuciones.
El diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) propuso apelar la resolución judicial, al sostener que el cuerpo “tiene legitimación institucional” para requerir medidas de colaboración al Poder Judicial. “Estamos cumpliendo con el mandato de la Cámara y nuestro reglamento. El Poder Judicial debe aceptar que el Congreso necesita herramientas para ejercer su función de control”, afirmó.
La moción fue respaldada por representantes de distintos bloques. Sabrina Selva y Juan Marino (UxP) coincidieron en que “es necesario apelar para garantizar la presencia de los funcionarios”, mientras que Mónica Frade (Coalición Cívica) y Fernando Carbajal (DPS) consideraron que el juez “incurrió en un exceso de jurisdicción” al pronunciarse sobre el reglamento de otro poder del Estado.
Desde el oficialismo libertario, la diputada Nadia Márquez (LLA) celebró el fallo judicial y cuestionó el accionar de la Comisión. “La Justicia nos vuelve a dar la razón. Se violan garantías constitucionales y principios como la legalidad y la separación de poderes”, dijo. “Este fallo marca un antes y un después frente al circo que han montado con la Comisión LIBRA”.