
El gobierno español enfrenta un procedimiento formal por parte de la Comisión Europea tras haber impuesto multas por 179 millones de euros a varias aerolíneas por cobrar suplementos por el equipaje de mano. La disputa pone en el centro del debate las normas de consumo, la competencia aérea y la libertad tarifaria dentro del bloque.
El Ministerio de Consumo de España sancionó a cinco aerolíneas -entre ellas Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea- por considerar abusivo el cobro de maletas de cabina y otros recargos adicionales. El argumento fue que el equipaje de mano, dentro de ciertos límites de peso y tamaño, forma parte del derecho básico del pasajero.
Las compañías, por su parte, recurrieron la decisión ante la Justicia española. Algunos tribunales suspendieron temporalmente las multas, aunque exigieron avales millonarios a las empresas para garantizar el pago en caso de que se confirmaran las sanciones.
La Comisión Europea duda de si España actuó conforme a la normativa comunitaria. Según el reglamento europeo que regula los servicios aéreos, los Estados miembros no pueden interferir directamente en la fijación de precios o condiciones comerciales de las aerolíneas, siempre que estas sean transparentes y no discriminatorias.
El cobro del equipaje de mano supone un conflicto entre los intereses de la industria de las grandes aerolíneas, que se lucran con estas prácticas, y los derechos de los consumidores. Lamentablemente, hoy la Comisión ha decidido posicionarse del lado de los intereses de las multinacionales.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 8 de octubre de 2025, 8:26
Por eso, el expediente busca determinar si el gobierno español vulneró la libertad tarifaria y afectó la competencia entre compañías de distintos países. Si el proceso concluye que hubo infracción, España podría verse obligada a modificar su legislación o incluso retirar las sanciones impuestas.
El cobro por equipaje de mano lleva años generando controversia. Algunos países y eurodiputados sostienen que debería ser gratuito para todos los pasajeros, mientras que otros defienden que las aerolíneas tienen derecho a cobrarlo si lo incluyen de forma clara en sus condiciones.
Por ahora, nada cambia para quienes vuelan desde España o dentro del espacio europeo: las aerolíneas pueden mantener sus políticas actuales mientras la investigación continúa. Sin embargo, el resultado del expediente podría sentar un precedente importante sobre qué derechos tienen los consumidores al viajar y hasta dónde pueden intervenir los gobiernos nacionales en la regulación de precios dentro del mercado aéreo común.