Condenaron a 21 años de prisión al policía que mató a Bastián Escalante en Wilde

El policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo fue condenado este miércoles a la pena de 21 años de prisión por el asesinato de Bastián Escalante Montoya, el niño de 10 años que murió en julio del año pasado en la localidad bonaerense de Wilde, tras ser alcanzado por disparos efectuados por el efectivo durante un intento de robo.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, que también impuso una inhabilitación de diez años para el ejercicio de funciones públicas. El fallo se conoció luego de que el jurado popular encontrara a García Tonzo culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el caso del niño, y tentativa de homicidio agravado con exceso en la legítima defensa respecto de los ladrones que intentaron robarle su moto.

Durante los alegatos, la Fiscalía había solicitado una condena de 25 años de prisión, mientras que la querella, representada por el abogado Matías Morla, había pedido una pena de 35 años. “Estamos satisfechos con la condena. Junto a la fiscal del caso, Mariela Montero, y la Comisión Provincial por la Memoria hicimos un trabajo minucioso para demostrar la responsabilidad del acusado”, expresó Morla tras la lectura del veredicto.

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2024, cuando García Tonzo, que se encontraba de civil, intentó evitar el robo de su moto en la esquina de Caxaraville y Rondeau, en Wilde. Durante el episodio, el efectivo efectuó al menos doce disparos contra los asaltantes que intentaban huir, sin advertir que en las inmediaciones caminaban Bastián y su madre, que regresaban de un club de barrio donde el chico había estado jugando al fútbol.

Dos de los proyectiles impactaron en el cuerpo del menor, uno en el omóplato y otro en la clavícula. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Perón, donde falleció al día siguiente producto de las heridas.

Las pericias balísticas confirmaron que todas las balas encontradas en la escena pertenecían al arma del policía y que los presuntos delincuentes no estaban armados, por lo que el tribunal concluyó que no existió un enfrentamiento real.

Tras el hecho, García Tonzo fue detenido e imputado por homicidio cometido con arma de fuego en exceso de la legítima defensa, aunque en sus primeras declaraciones insistió en que actuó “para resguardar su integridad”. En una entrevista brindada en agosto de 2024, poco después de recuperar la libertad bajo fianza, el efectivo aseguró que “no vio en ningún momento” al niño ni a su madre. “Recién lo vi cuando estaba en el piso, con la madre gritando. Me acerqué, traté de contener la pérdida de sangre y pedí que llamaran al 911”, dijo entonces.

El policía afirmó haber realizado entre “siete y ocho disparos” durante la persecución de los ladrones y justificó su accionar en que “había elementos que le tapaban la visual”. Sin embargo, esa versión fue desmentida durante el juicio por las pruebas recolectadas, que mostraron una secuencia clara de disparos efectuados sin control y en una dirección que ponía en riesgo a terceros.

La madre de Bastián, quien presenció el ataque, declaró que el hecho les provocó un “daño irreparable”. “El último recuerdo que tengo con mi hijo es tirado en la calle agonizando. Se tiene que hacer justicia”, dijo. Su padre, por su parte, cuestionó el accionar del efectivo: “Fue el único que tiró y el único que mató a mi hijo”.

Con el fallo del Tribunal de Avellaneda, García Tonzo deberá cumplir 21 años de prisión efectiva, mientras la querella analiza solicitar que sea trasladado a una unidad penitenciaria fuera de su lugar de residencia.

El caso generó una amplia repercusión social en su momento y reabrió el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la proporcionalidad en las respuestas armadas y la falta de protocolos claros en situaciones fuera de servicio.

Bastián Escalante Montoya tenía diez años. Jugaba al fútbol en un club barrial de Wilde y soñaba con ser arquero profesional. Su muerte, provocada por un disparo policial, volvió a poner en evidencia el riesgo de la violencia institucional y la necesidad de revisar los límites de la actuación policial cuando la defensa se transforma en tragedia.