Extorsiones y violencia en Lima: ¿quién controla el transporte?

La violencia mafiosa en el transporte peruano ha alcanzado niveles alarmantes. En los primeros nueve meses del año, al menos 180 conductores, cobradores y taxistas han sido asesinados por negarse a pagar extorsiones a bandas criminales que controlan rutas enteras. Los ataques, ejecutados con armas de fuego y explosivos, han sembrado el miedo en ciudades como Lima, Callao y Trujillo, donde los grupos organizados imponen “cuotas” mensuales para permitir la circulación de los vehículos.

El fenómeno no es nuevo, pero sí su escala. En 2021 se registraban unas 4.700 denuncias por extorsión; hoy, la cifra supera las 18.000 en apenas nueve meses. La impunidad, la corrupción policial y la precariedad del transporte público han permitido que estas mafias se fortalezcan. Cada semana, las federaciones de transportistas reportan nuevas víctimas, mientras las autoridades prometen planes de seguridad que pocas veces se concretan.

La economía criminal del transporte

Los gremios estiman que la extorsión mueve más de seis millones de soles al mes solo en Lima y Callao. Los grupos delincuenciales cobran tarifas que van desde los 50 hasta los 15.000 soles por unidad, dependiendo del tamaño de la empresa o la zona de operación. Quien no paga, enfrenta amenazas, incendios o ataques directos. Muchos choferes han optado por abandonar sus rutas o vender sus vehículos, incapaces de sostener el negocio bajo ese nivel de coacción.

Los criminales operan bajo estructuras flexibles: no hay un “capo” visible, sino redes de intermediarios que recolectan el dinero y controlan la circulación. En los barrios más pobres, incluso adolescentes son reclutados para intimidar y vigilar a los conductores. Según fuentes policiales, al menos el 70 % de las rutas urbanas están bajo algún tipo de influencia extorsiva. El miedo se ha convertido en una moneda más estable que la ley.

Respuestas desde el sector y el Gobierno

Ante el vacío estatal, los transportistas han exigido medidas radicales. Algunos gremios piden al Ministerio del Interior autorización para portar armas de fuego y recibir entrenamiento en defensa personal. Alegan que el Estado ha perdido el monopolio de la seguridad y que “solo quien se defiende, sobrevive”. Aunque la propuesta divide opiniones, refleja el grado de desesperación de un sector que se siente abandonado.

El Gobierno, por su parte, ha prometido la creación de una unidad especial contra el crimen organizado del transporte, con apoyo de inteligencia policial. Sin embargo, las investigaciones avanzan con lentitud y los juicios rara vez terminan en condena. Los expertos advierten que la represión sin reformas estructurales —como la formalización del transporte y la depuración de la Policía— solo posterga el problema.

Una sociedad tomada por el miedo

El auge de la extorsión ha modificado la vida cotidiana. Muchos pasajeros evitan ciertos recorridos por temor a los ataques, y en algunas zonas los buses circulan con los vidrios cubiertos o sin luces para no llamar la atención. Las familias de las víctimas viven con la sensación de que la justicia se ha privatizado: quien no paga a las mafias, paga con su vida. Los barrios se han vuelto territorios disputados, donde el Estado apenas entra cuando hay un cadáver que recoger.

La violencia que se expande desde el transporte público revela algo más profundo: la debilidad estructural del Estado peruano para garantizar la seguridad básica de sus ciudadanos. En la práctica, los grupos criminales han reemplazado la autoridad en zonas urbanas enteras, imponiendo normas, castigos y tributos. La extorsión ya no es solo un delito, sino una forma paralela de gobierno que desafía la legitimidad democrática.

Transporte de Lima. 

El desafío del control estatal

La escalada de asesinatos en el transporte es el síntoma más visible de un país donde la institucionalidad se erosiona día a día. La probabilidad de que la violencia continúe aumentando supera el 80 % si no se adoptan medidas coordinadas entre el Ejecutivo, la Policía y los gobiernos locales. Sin control del territorio y sin justicia efectiva, el crimen organizado se consolida como un actor político más, capaz de influir en decisiones públicas a través del terror.

Restaurar el orden en las calles exigirá más que patrullas o promesas. Implica reconstruir la confianza en el Estado, profesionalizar a las fuerzas de seguridad y cortar la red de complicidades que permite a las mafias operar impunemente. De lo contrario, la extorsión seguirá dictando las reglas del transporte y, con ello, de la vida misma en el Perú urbano.