
La denuncia contra Coca-Cola FEMSA en Colombia ha provocado una fuerte reacción pública en La Calera, a pocos kilómetros de Bogotá. Vecinos y organizaciones ambientales aseguran que la empresa selló con cemento siete manantiales naturales, alterando el flujo de agua que abastece a comunidades rurales. Las imágenes difundidas muestran tapas de concreto y láminas metálicas con candados, lo que ha sido interpretado como una apropiación del recurso hídrico con fines industriales.
La compañía sostiene que las estructuras fueron instaladas conforme a las autorizaciones de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y que las fotos no reflejan el estado actual. Sin embargo, la congresista María del Mar Pizarro y la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, cuestionaron la legalidad de las obras, recordando que “el agua para la gente tiene prioridad sobre cualquier uso empresarial”. Las críticas apuntan a la falta de transparencia y a un posible vacío en la supervisión ambiental.
Coca-Cola posee una concesión de explotación de aguas subteráneas vigente desde hace casi 40 años y tramita su prórroga por una década más. Este proceso ha despertado sospechas sobre la laxitud de la CAR, que en 2023 ordenó retirar las construcciones sin verificar su cumplimiento. La Procuraduría pidió acelerar el fallo, mientras expertos advierten que sellar manantiales con cemento contradice buenas prácticas hídricas y puede reducir los caudales naturales.
La embotelladora produce unas 420.000 botellas diarias en su planta de La Calera y paga alrededor de 11 millones de pesos colombianos al año en impuestos, cifra considerada mínima frente al volumen de agua utilizado. Aunque la empresa ha impulsado proyectos de reforestación, habitantes aseguran que esas medidas no compensan el desequilibrio hídrico local, agravado por sequías recientes y cortes de agua en la región.
🚨 Urgente. Nos encontramos en plantón ciudadano frente a las instalaciones de la CAR, exigiendo que no se renueve la concesión de agua a Coca-Cola en la Calera. Sin embargo, nadie en la entidad ha querido atendernos. En este momento estamos en la recepción, solicitando… pic.twitter.com/ZtoclaDVSn
— Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) October 8, 2025
El cierre de los manantiales ha reducido el caudal de varias quebradas, afectando la agricultura y el acceso al agua potable. Para las comunidades, la presencia de una multinacional representa una competencia desigual por un recurso vital. Ambientalistas sostienen que incluso sin estudios complejos, la extracción masiva de agua subteránea altera el ecosistema y amenaza la sostenibilidad del territorio.
La controversia se ha convertido en un símbolo del conflicto entre desarrollo económico y conservación ambiental. En medio de la crisis hídrica nacional, el caso de La Calera expone la necesidad de regulaciones más estrictas y control efectivo sobre el uso empresarial del agua. Si las autoridades no fortalecen la supervisión, episodios similares podrían repetirse, afectando tanto la confianza institucional como la disponibilidad de recursos naturales.