
El caso de los 38 colombianos detenidos en Venezuela se ha convertido en un foco de tensión para el gobierno de Gustavo Petro, mientras familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de respuestas efectivas. Muchos de los arrestados permanecen privados de libertad desde hace más de un año, sin acusaciones formales ni acceso a defensa legal. El tema ha escalado a la opinión pública por la percepción de abandono institucional y el contraste con otras gestiones diplomáticas más visibles.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció recientemente que se trata de detenciones arbitrarias y aseguró que se están adelantando trámites para garantizar la defensa de los afectados. Sin embargo, las familias afirman que los avances son lentos y que el Ejecutivo mantiene un silencio político que agrava la incertidumbre. El tema se ha convertido en una prueba para la política exterior de Colombia, que intenta mantener una relación cordial con Caracas sin desatender los reclamos humanitarios.
Entre los prisioneros se encuentran trabajadores, comerciantes y defensores humanitarios como Manuel Tique, vinculado al Consejo Danés para Refugiados, acusado sin pruebas concretas de conspiración. Testimonios de familiares denuncian incomunicación prolongada, malas condiciones carcelarias y procesos judiciales opacos. La fecha del 19 de octubre ha sido mencionada por la Cancillería como posible punto de avance en las negociaciones para liberar a quienes no tengan cargos firmes.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que estos casos reflejan un patrón sistemático en Venezuela, donde los arrestos por motivos políticos o de seguridad suelen extenderse sin debido proceso. En ese contexto, Colombia enfrenta el desafío de equilibrar su diplomacia pragmática con una defensa activa de sus ciudadanos, algo que según los expertos podría definir el perfil internacional del gobierno de Petro.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 06/10/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
— Foro Penal (@ForoPenal) October 9, 2025
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 841*
Desde la semana pasada
Hombres: 738
Mujeres: 103
Civiles: 668
Militares: 173
Adultos: 837
Adolescentes: 4
Encarcelados: 3
Excarcelados: 0… pic.twitter.com/ffsktBPDQx
Los familiares de los detenidos han realizado múltiples manifestaciones frente a la Cancillería y la Casa de Nariño, exigiendo una acción directa del presidente. Reclaman que mientras otros casos en el extranjero, como el de las colombianas retenidas en Israel, recibieron atención mediática y gestiones de alto nivel, la situación en Venezuela ha quedado en segundo plano. La presión crece para que el gobierno asuma una postura más firme ante el régimen de Nicolás Maduro.
La respuesta del Ejecutivo ha sido cautelosa, en parte por el carácter estratégico de la relación bilateral. No obstante, la falta de comunicación clara alimenta las críticas de sectores opositores que acusan a Petro de priorizar la diplomacia sobre la defensa de los derechos humanos. La gestión de este caso podría convertirse en un indicador clave de su capacidad para equilibrar principios e intereses en la política regional.