
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó recientemente una acusación grave: que Rusia estaría empleando una red de buques “fantasma” para llevar a cabo sabotajes y operaciones encubiertas en aguas europeas. Según sus declaraciones, estos barcos operan con identidades falsas o registros opacos, lo que dificulta su rastreo y responsabilización.
La expresión “buque fantasma” (o “flota fantasma” / “shadow fleet”) se refiere a embarcaciones que navegan bajo banderas de conveniencia, cambian de nombre, desactivan sistemas de identificación automática y actúan con una estructura opaca para ocultar su origen real. Estas tácticas permiten evadir sanciones internacionales y operar con mayor libertad en rutas marítimas sensibles.
Desde 2022, cuando Occidente impuso controles sobre las exportaciones de crudo ruso, Rusia habría incrementado la utilización de esta flota para burlar esas restricciones, según estimaciones independientes. Las cifras oscilan entre 600 y más de 1.400 barcos operando bajo este modelo.
Zelenski sostiene que estos barcos no solo sirven para transportar petróleo, sino que también ejecutan labores de inteligencia, reconocimiento y sabotaje. En su discurso, apuntó al uso de drones lanzados desde petroleros como un ejemplo concreto de ataque encubierto hacia instalaciones en Europa.
Casos recientes avalan esa inquietud. En 2025, Francia abordó un buque vinculado al llamado “shadow fleet” y detuvo a dos tripulantes bajo sospecha de actividades ilícitas. Por otro lado, autoridades de Finlandia afirmaron que un petrolero habría arrastrado su ancla en el lecho marino durante decenas de kilómetros, causando daños a cables submarinos que conectan Finlandia con Estonia, una infraestructura crítica de telecomunicaciones y energía.
Estas agresiones perturban no sólo el tráfico marítimo sino también la estabilidad de redes de comunicación y energía europea, piezas vitales de infraestructura.
El uso de embarcaciones encubiertas no es nuevo. Países como Irán y Venezuela han empleado flotas similares para evadir sanciones petroleras. Pero desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, el fenómeno ha tomado una escala muy superior.
Un antecedente notable en cuanto a ataques subacuáticos fue el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022, cuando explosiones bajo el Mar Báltico dañaron las tuberías que llevaban gas desde Rusia hasta Europa. Aunque nunca se identificó de modo concluyente a los responsables, el episodio mostró cómo la infraestructura marítima puede transformarse en objetivo en conflictos geopolíticos.
Rastrear a estas embarcaciones es extremadamente complejo. Las regulaciones marítimas internacionales permiten banderas con controles laxos, mientras que los sistemas de seguros, registro y monitoreo pueden ser explotados para ocultar operaciones.
En respuesta, gobiernos europeos y organismos de defensa están reforzando patrullajes, vigilancia satelital, intercambio de inteligencia y cooperación entre fuerzas navales. Se busca interceptar rutas sospechosas, inspeccionar buques en alta mar y sancionar empresas vinculadas. Además, aumentar la transparencia de los registros marítimos, exigir estándares de identidad obligatorios y mejorar la cooperación global en el rastreo naval aparecen como pasos fundamentales para contrarrestar estas amenazas.
Aunque estos buques actúen lejos de tierra firme, sus operaciones afectan la estabilidad y seguridad continental. Sabotajes a cables submarinos o infraestructura energética pueden generar cortes, interrupciones tecnológicas o pérdidas económicas. La navegación comercial también se ve amenazada cuando embarcaciones opacas cruzan rutas clave sin supervisión.
En este contexto, la denuncia de Zelenski busca movilizar respuestas coordinadas: una Europa más vigilante, alianzas marítimas reforzadas y mecanismos internacionales para asegurar que el mar no se convierta en un frente oculto de agresión.