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15/12/2025 - Edición Nº1042
Política
Se oficializó en Diputados
Explosivo proyecto para intervenir la Justicia de Santa Cruz por su hegemonía K
11/10/2025 | La iniciativa es del legislador nacional José Luis Garrido, que responde al gobernador Claudio Vidal.
Claudio Vidal y el kirchnerismo, en plena guerra por el control de la Justicia de Santa Cruz.
El diputado nacional José Luis Garrido oficializó su proyecto para declarar la intervención federal del Poder Judicial de Santa Cruz, por sus lazos con el kirchnerismo.
De acuerdo al texto presentado por el legislador que responde al gobernador Claudio Vidal, el Poder Ejecutivo Nacional designará al interventor federal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, quien no podrá ejercer por sí la función judicial.
Así, el interventor federal tendrá las siguientes facultades: a) Remover, ratificar o suspender a los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que integran el Poder Judicial; b) Dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para establecer un sistema de subrogancias y designaciones de conjueces; y c) Ejercer todas las atribuciones necesarias para cumplir los objetivos de esta ley.
A su vez, las designaciones dispuestas por el interventor federal serán consideradas en comisión, hasta la plena normalización institucional del Poder Judicial de Santa Cruz.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia de la Nación impartirá las instrucciones que deberá seguir el interventor, con el propósito de reorganizar y garantizar la independencia, transparencia y eficacia del Poder Judicial de Santa Cruz.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional instruirá a la Policía Federal Argentina y a la Gendarmería Nacional, para que brinden el apoyo necesario al Interventor Federal en el cumplimiento de su cometido.
El proyecto estipula que la intervención tendría un plazo de 180 días, prorrogables por igual período mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
En los fundamentos, Garrido explicó: “El caso de la provincia de Santa Cruz ha puesto en evidencia una profunda crisis institucional en su Poder Judicial. Se ha verificado una sistemática pérdida de independencia judicial, producto de la subordinación política de sus órganos jurisdiccionales al ex Poder Ejecutivo provincial”.
“Esta situación se traduce en la paralización de causas vinculadas a hechos de corrupción, el nombramiento discrecional de jueces, fiscales y hasta la designación de un vocal del superior tribunal de justicia sin cumplir con los requisitos básicos solicitados (6 años en el ejercicio de la profesión), todo lo cual vulnera la división de poderes y la legalidad democrática”, completó.
FA
