
El auge de los autos eléctricos en Colombia está marcando un cambio histórico en el mercado automotor. Hasta septiembre de 2025 se registraron más de 58.000 unidades matriculadas, superando todas las cifras del año anterior y consolidando al país como uno de los líderes regionales en movilidad sostenible. Sin embargo, este crecimiento exponencial no ha sido acompañado por la infraestructura necesaria para sostenerlo, lo que amenaza con frenar la transición hacia energías limpias.
El boom de ventas, impulsado por incentivos fiscales y una mayor oferta de modelos, ha creado un nuevo tipo de consumidor: uno preocupado por la eficiencia, pero también por la autonomía de su vehículo. Los autos eléctricos puros crecieron un 173% interanual, mientras los híbridos enchufables aumentaron 166%, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito. No obstante, los conductores se enfrentan a un panorama desigual, donde las estaciones de carga siguen siendo escasas y mal distribuidas.
Actualmente, Colombia cuenta con 218 estaciones públicas de carga, una cifra muy inferior a la demanda real: apenas un cargador por cada 33 vehículos, cuando el estándar internacional recomienda uno por cada 10. En ciudades como Bogotá y Medellín se concentra la mayor parte de los puntos disponibles, dejando vastas regiones del país sin acceso a energía de recarga. El Gobierno estima que se necesitarán más de 19.000 cargadores adicionales para 2030, con una inversión superior a 260 millones de dólares, de los cuales el Estado debería asumir más de la mitad.
Las dificultades no se limitan a la carga pública. Muchos propietarios carecen de espacios o permisos para instalar puntos de carga en sus viviendas, especialmente en edificios residenciales. Además, la falta de regulación unificada entre empresas distribuidoras y constructoras retrasa la adaptación de la red eléctrica. Mientras tanto, los tiempos de carga doméstica pueden alcanzar hasta 17 horas, lo que desincentiva su uso cotidiano frente a la comodidad del combustible fósil.
El rezago también se percibe en el sector de mantenimiento. Solo el 15% de los talleres certificados está preparado para atender vehículos eléctricos, y la oferta de técnicos especializados sigue siendo insuficiente. Las marcas han comenzado a asociarse con instituciones de formación técnica, pero el ritmo no alcanza el crecimiento del parque automotor. La falta de repuestos locales y la dependencia de importaciones agravan los costos de reparación y tiempos de espera.
A pesar de estos obstáculos, las aseguradoras y el sector privado empiezan a adaptarse. Se ofrecen coberturas específicas para cargadores y baterías, y se crean incentivos para flotas empresariales que adopten tecnologías limpias. Sin embargo, la sostenibilidad del modelo dependerá de políticas fiscales estables y de una planificación energética que permita integrar la movilidad eléctrica al sistema nacional.
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El futuro del sector eléctrico colombiano depende de la capacidad del Estado y el sector privado para cerrar las brechas actuales. Si se logra avanzar en infraestructura, regulación y capacitación, el país podría posicionarse como referente regional en movilidad sostenible. Pero si los incentivos se debilitan y las inversiones se estancan, la revolución eléctrica podría quedar limitada a un nicho urbano.
En los próximos cinco años, la prioridad estará en equilibrar el entusiasmo comercial con la planificación técnica. Colombia enfrenta una oportunidad histórica para redefinir su modelo de transporte, siempre que entienda que la electrificación no termina con la venta de autos, sino que apenas comienza con la red que los hace posibles.