
El Senado volvió a poner sobre la mesa el proyecto para regular las apuestas online y combatir la ludopatía, una problemática que crece entre adolescentes y jóvenes. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, busca establecer fuertes restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de juego, aunque su tratamiento se vio trabado por presiones empresariales y tensiones dentro del peronismo.
Tras meses de parálisis, las comisiones de Salud y de Presupuesto reactivaron el análisis en un plenario convocado el 1° de octubre. La discusión se aceleró luego de disputas internas en el interbloque que conduce José Mayans, donde referentes de La Cámpora impulsaron el debate para incomodar a un poderoso empresario del sector, según coincidieron fuentes legislativas.
Durante la reunión, que fue breve y de carácter técnico, los asesores acordaron un plazo de una semana para recibir propuestas de modificación, aunque el punto de partida seguirá siendo el texto aprobado por Diputados. “No se debatió nada de fondo”, admitió uno de los presentes.
Las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Carolina Losada encabezan los proyectos que podrían servir de base para cambios parciales, mientras que Carolina Moisés busca flexibilizar el régimen de publicidad y Lucila Crexell plantea eliminar la obligatoriedad de adhesión de las provincias a la norma.
Aunque la intención de avanzar está sobre la mesa, no hay fecha para un nuevo plenario. El calendario electoral y las diferencias internas obligarán a postergar la definición algunas semanas.
Desde la media sanción de Diputados, el tratamiento en el Senado avanzó con lentitud, en parte por la complejidad del tema y también por las múltiples iniciativas que se presentaron para dilatar la discusión. En ese escenario, la Iglesia se convirtió en una aliada clave del proyecto más restrictivo y mantiene un rol activo en su defensa.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, que mantiene bajo reserva su agenda, dejó entrever su sintonía con la posición eclesiástica a través de algunos retuits a comunicados del Episcopado, aunque sin pronunciarse públicamente.
El texto aprobado por Diputados prohíbe toda forma de publicidad o patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea, incluyendo redes sociales, plataformas digitales, indumentaria deportiva y espacios públicos o privados de uso masivo. Solo se permitiría dentro de los establecimientos habilitados, como casinos o agencias oficiales.
También impide el acceso de menores a las plataformas y fija penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen apuestas sin autorización. Los impulsores del proyecto lo defienden como una medida de salud pública, mientras que sus críticos cuestionan el alcance nacional de una regulación que, aseguran, invade competencias provinciales.
Según estudios recientes, 8 de cada 10 adolescentes argentinos conocen a alguien que apostó en línea el último año, y un 37% lo hace con frecuencia. El dato ilustra la urgencia del debate, que promete seguir levantando polvareda en el Senado.
BFB