Pablo Laurta fue trasladado a la cárcel de Bouwer y suman nuevas sospechas en su contra

Tras su detención en Entre Ríos, Pablo Laurta fue trasladado a la cárcel de Bouwer, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), asesinadas a balazos en su vivienda del barrio Villa Serrana, en Córdoba capital.

El hombre, de nacionalidad uruguaya y conocido por sus discursos antifeministas, enfrenta una imputación inicial por doble homicidio agravado por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. Las autoridades confirmaron que al momento de su captura se encontraba con su hijo de cinco años, quien habría estado presente durante el crimen y fue rescatado en buen estado.

Laurta fue arrestado el domingo al mediodía en un hotel de Gualeguaychú, luego de un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos. En la habitación, los investigadores secuestraron la pistola calibre .380 que habría sido utilizada en el ataque. El traslado a Bouwer se concretó bajo estrictas medidas de seguridad y con una fuerte custodia policial.

Sin embargo, el expediente judicial no se limita al doble femicidio. El fiscal Gerardo Reyes, a cargo del caso, amplió las líneas de investigación a otros hechos vinculados al accionar del acusado. Entre ellos, la desaparición de Martín Palacios, un conductor de Uber que habría trasladado a Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba días antes del crimen.

El vehículo de Palacios, un Toyota, fue hallado calcinado en barrio Villa Retiro, en la periferia norte de la capital cordobesa, y su familia aún no tiene noticias de su paradero. La fiscalía no descarta que Laurta esté implicado en ese episodio y ordenó una serie de peritajes y rastrillajes en distintas zonas.

Además, los investigadores analizan una posible vinculación entre Laurta y un incendio fatal ocurrido el mismo día del doble femicidio en un predio de una iglesia evangélica en Villa Serrana, donde murieron dos niñas durante una actividad religiosa de familias uruguayas. Si bien no hay pruebas concluyentes, los horarios y los movimientos del acusado generan sospechas.

La Justicia ordenó también peritajes psiquiátricos para evaluar el estado mental de Laurta y determinar si comprende la gravedad de sus actos. Ese informe será clave para establecer su imputabilidad.

Mientras tanto, el niño —único sobreviviente del ataque— permanece bajo resguardo y se espera una definición judicial sobre su tutela.