
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la incautación de 2,7 toneladas de cocaína rumbo a Costa Rica provocó una rápida respuesta del gobierno de Rodrigo Chaves. Según Petro, el operativo se había ejecutado sin disparar misiles y con cinco colombianos capturados con vida, en una aparente alusión a su política de “no letalidad” en las operaciones marítimas. Sin embargo, las autoridades costarricenses afirmaron que las cifras y la composición del grupo detenido no coincidían con la versión colombiana.
El ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, aclaró que el cargamento decomisado era de 2.371 kilogramos, no 2,7 toneladas, y que entre los detenidos había dos colombianos y tres costarricenses. También subrayó que la operación fue liderada por Costa Rica, aunque con apoyo técnico y de inteligencia de Colombia. La discrepancia, aparentemente menor, derivó en un cruce público de versiones que expuso tensiones más profundas en la cooperación antidrogas regional.
El choque no se limita a las cifras: toca el delicado terreno del protagonismo diplomático y narrativo. Mientras Petro buscaba exhibir un resultado que reforzara su enfoque de interdicción sin violencia, Costa Rica insistió en defender su soberanía operativa y su papel principal en la captura. En un contexto donde cada país compite por legitimidad en la lucha contra el narcotráfico, las diferencias en la comunicación oficial adquieren un peso simbólico y político considerable.
Este incidente ocurre además en un momento en que la relación de Colombia con Estados Unidos pasa por tensiones debido a los cuestionamientos de Petro a los bombardeos de embarcaciones en el Caribe. Su énfasis en las capturas “con vida” parece buscar contrastar su doctrina con la estadounidense, y el episodio con Costa Rica terminó actuando como un espejo regional de esa disputa, con implicaciones para el equilibrio de cooperación en Centroamérica.
#Atención Costa Rica desmiente a Petro: el decomiso de cocaína fue un operativo conjunto con la DEA, no colombiano, y la lancha no se dirigía al país.
— La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) October 13, 2025
El ministro Mario Zamora aclaró que la carga era de 2.371 kg, menos de lo que dijo Petro, y que los detenidos no eran… pic.twitter.com/5l2Kbxljwg
Las diferencias públicas entre Bogotá y San José amenazan con erosionar la confianza operativa entre ambos países en una de las rutas más críticas del narcotráfico hacia México y Estados Unidos. La claridad en los reportes y el reconocimiento mutuo del liderazgo son elementos fundamentales para sostener la efectividad de las operaciones conjuntas, especialmente en zonas marítimas donde la coordinación es compleja y la línea entre jurisdicciones resulta difusa.
A mediano plazo, la controversia puede servir como advertencia sobre la necesidad de protocolos de comunicación más rigurosos y mensajes coordinados que eviten malentendidos diplomáticos. Si bien es poco probable que el caso escale a una crisis formal, su gestión revelará hasta qué punto los gobiernos de Petro y Chaves pueden priorizar la cooperación sobre la competencia en la lucha contra el narcotráfico.