
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, anunció que apelaron la decisión judicial que rechazaba la utilización de las fuerzas de seguridad para que distintos funcionarios concurran a las citas de la comisión que investiga el caso $Libra.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi había señalado que su juzgado “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública de los testigos citados por el Poder Legislativo”, ya que consideraba “constitucionalmente inadmisible” que una comisión legislativa amplíe sus atribuciones por la vía de “normas reglamentarias”, en vez de por una ley.
Los funcionarios citados para declarar en la comisión $Libra eran los titulares de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF) Paulo Starc, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva. Ninguno de ellos asistió.
También la resolución judicial implicaba un alivio para Karina Milei ya que tampoco había concurrido a la citación parlamentaria.
$LIBRA: APELAMOS RESOLUCIÓN JUDICIAL POR EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA.
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 13, 2025
Desde la Comisión Investigadora del caso $LIBRA presentamos un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal N.º 8 que rechazó el auxilio de la fuerza pública para garantizar la… pic.twitter.com/v2x1IxanTO
“Desde la Comisión Investigadora del caso $LIBRA presentamos un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal N.º 8 que rechazó el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de los funcionarios citados”, explicó este lunes Ferraro.
Así, informó que el recurso fue presentado en virtud de lo resuelto en la última reunión del martes, “reafirmando el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas en torno a la criptomoneda $LIBRA”.
“La decisión judicial lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el contralor político”, aseguró.
De esta manera, agregó que “un magistrado no puede limitar dichas atribuciones otorgadas al Congreso. No se trata de un trámite administrativo, sino de la división de poderes. Negar esa posibilidad vacía de sentido una de las funciones esenciales del Parlamento: la de investigar y garantizar transparencia”.
“Investigar no es un capricho. Tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, subrayó Ferraro.
FA