
En el marco de su visita a El Living de NewsDigitales, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), María José Lubertino, realizó un fuerte diagnóstico sobre la crisis social y política en Argentina, centrado en la vulnerabilidad de los jóvenes, el retroceso en derechos y el colapso de los servicios públicos.
Durante la entrevista, Lubertino ligó los casos de violencia juvenil y delincuencia, como el doble femicidio en Florencio Varela, a la pobreza estructural y la falta de futuro. "La necesidad y la posibilidad de un dinero más fácil puede hacer caer en estas redes mafiosas a jóvenes o adolescentes que no ven demasiado destino," sentenció.
La especialista alertó que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes tienen algún derecho violado en un contexto social que bombardea el mensaje de consumismo sin ofrecer oportunidades.
La abogada feminista también criticó el desbaratamiento de las instituciones destinadas a la mujer y la discriminación ejercida por el propio Estado. En este sentido, denunció que el Ministerio de la Mujer fue desbaratado y el presupuesto para estas áreas fue recortado totalmente, a pesar de la necesidad fundamental de prevenir la violencia.
También señaló que grupos como las personas con discapacidad, los adultos mayores y los pueblos indígenas están "muy afectados" por el recorte de derechos.
En su diálogo, la titular de la ACDH destacó que la ineficacia de los servicios es parte del problema: el 99% de la población está en ciudades, pero la gente del Gran Buenos Aires aún no tiene acceso a agua y cloacas. Sobre los servicios privatizados, denunció la arbitrariedad en la fijación de precios y el escaso control de los entes reguladores, en un contexto donde el gobierno incluso paralizó obras de infraestructura.
Lubertino atribuyó el desencanto ciudadano con la democracia y el ascenso de opciones extremas al estancamiento de años.
Finalmente, Lubertino confirmó su postulación como Defensora del Pueblo de la Nación, con la esperanza de que el Congreso pueda construir los consensos mínimos necesarios para recuperar la confianza en las instituciones.